Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una recomendación al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, para que ofreciera disculpas en el caso del conflicto con los concesionarios del estadio de béisbol Teodoro Mariscal, este martes el “Químico” le dio cumplimiento.

La finalidad, señaló la CEDH, es restablecer la dignidad y reputación a los quejosos.

Con base a la recomendación 14/2021 que fue emitida al Ayuntamiento de Mazatlán, al acreditarse violaciones a los derechos humanos, al honor y al derecho, y a la legalidad por parte de servidores públicos de este municipio, Benítez Torres ofreció la disculpa.

En noviembre de 2018, una de las primeras acciones del alcalde fue el realizar una inspección en la red de agua potable y drenaje, tras hacerlo, detectó un adeudo con la Jumapam por 2.9 millones de pesos.

Fueron semanas mediáticas en las que prevalecieron declaraciones y descalificaciones de Benítez Torres hacia la familia Toledo, a quienes incluso calificó de “huachicoleros” por contar con tomas clandestinas de agua potable.

La CEDH recibió la queja, en la que se señalan presuntas violaciones a los derechos de los concesionarios.

La familia Toledo “suscribió un convenio de reconocimiento de adeudo y de pago, en el que se comprometió a cubrir una cantidad considerable de dinero ante la autoridad competente, ya que esa condición de pago era una exigencia para no suspender los servicios y para autorizar la seguridad que requiere un evento deportivo; cantidad que fue pagada mediante cheque”, dice la recomendación de la CEDH.

Sin embargo no se acreditó la existencia de sentencia y/o resolución administrativa firme en la que se estableciera
alguna responsabilidad de los quejosos, o de la empresa que representan, en los hechos señalados por las autoridades, por el contrario, existe sentencia firme por parte de la autoridad competente en la que se estableció que la Junta no probó la existencia de irregularidades relacionadas con el suministro de agua potable en el inmueble.

En días pasados, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, reconoció que la demanda con la familia Toledo no estuvo sustentada correctamente ya que las tuberías de agua y drenaje ya existían cuando ésta obtuvo la concesión.