Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó leyes de ingresos 2022 de 17 municipios, y en el caso de Culiacán lo hizo por mayoría con el voto en contra de dos diputados, uno de Morena y otro del PAN.

Adolfo Corrales Beltrán, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, argumentó su voto en contra de la Ley de Ingresos de Culiacán porque había sido enviada con estimaciones de ingresos por concepto del cobro impuesto predial del seis por ciento, considerando ya la eliminación del descuento a jubilados y pensionados.

Lo mismo, indicó, en el caso de la Junta de Agua Potable se consideró un ingreso adicional de 30 millones de pesos derivados de la eliminación de descuentos por consumo de agua a jubilados, pensionados y discapacitados.

El diputado de Morena, Serapio Vargas, quien votó en contra del dictamen de la Ley de Ingresos de Culiacán, señaló en tribuna que había enviado un oficio al presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración para urgir sobre el dictamen de una iniciativa que había presentado junto al diputado del PAN, para evitar que el alcalde de Culiacán eliminara los descuentos a jubilados, pensionados y discapacitados en el consumo de agua potable.

En cada uno de los dictámenes de las leyes de ingresos se proyectó el monto de los ingresos que estiman obtener todos los municipios, provenientes de los conceptos de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones, para el ejercicio fiscal del 2022.

Todas las iniciativas de leyes de ingresos fueron objeto de análisis técnicos por la Auditoría Superior del Estado, la cual hizo algunas observaciones a las propuestas de Mocorito, Culiacán, Sinaloa y Elota.

En el primer caso, se detectaron algunas diferencias, mismas que deberá tomar en cuenta el municipio para elaborar su presupuesto de egresos con base en el proyecto de Decreto que se apruebe y no en los montos establecidos en su iniciativa.

En lo que respecta a Culiacán, el Ayuntamiento propuso agregar derechos por la prestación de servicios de desarrollo urbano que ya se vienen otorgando pero que se cobran incorrectamente o no se cobran.

Sin embargo, la Constitución Política de México establece que los servicios serán prestados, pero no mandata que sean cobrados.