La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará nuevamente las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Luego que un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, negó de manera definitiva girar dichas detenciones, pues la FGR presentó elementos insuficientes para llevar a los investigadores a juicio, la fiscalía informó que hará la solicitud de nuevo .

El mismo juez ya había adelantado la tarde de este miércoles que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, podría apelar la decisión ante un tribunal colegiado, informó Reporte Índigo.

La FGR acusa a estas 31 personas por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, después de que presuntamente integrantes del Foro Consultivo recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Consejo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

“Ese criterio no es aceptable para la FGR, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, expresó la fiscalía.

Por lo anterior, señaló la FGR, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.