En las principales ciudades del país en reclamo del cese del abuso policial y la implementación de políticas sociales que ayuden a la población en medio de la crisis económica derivada de la pandemia, los colombianos continuaron este miércoles con las protestas.
Por octavo día consecutivo, las manifestaciones continúan pese a que el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria, la razón por la que se convocaron las primeras protestas el 28 de abril, y propuso instalar un espacio de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.
“Qué clase de voluntad de diálogo es cuando no se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Quién le va a creer (al presidente) cuando no ha tomado la decisión de desmilitarizar las ciudades colombianas, cuando salimos a marchar y lo primero que pasa es que llegan a reprimirnos”, dijo a The Associated Press la líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien se manifestaba en las calles del centro de Bogotá.
Las manifestaciones se dan en medio de preocupantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos: según la Defensoría del Pueblo desde el 28 de abril se han reportado 19 personas fallecidas, entre ellas un policía, y 85 personas desaparecidas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa hay 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles.
Las cifras podrían ser mayores según la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policiales en el país y contabilizó 31 muertos, 1.443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.
Este martes se registraron violentas protestas contra el Gobierno de Iván Duque. Bogotá vivió una noche de caos. Sindicatos y organizaciones sociales convocaron a una nueva jornada de manifestaciones para este miércoles.
La noche del martes se registraron desmanes en Bogotá. Según la alcaldía, la estela de violencia dejó 30 civiles y 16 policías heridos, ninguno por arma de fuego. Además, fueron vandalizados 19 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía, tres fueron incinerados y en uno de ellos, ubicado en el sur de la ciudad, “intentaron quemar vivos a 10 uniformados” que se encontraban en su interior.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al ejército custodiar los centros carcelarios para que los policías patrullen las calles, una medida que ha sido criticada por sus opositores y líderes de las marchas por considerar que es una “militarización” de la ciudad.
“Quiero hacerle un llamado a la ciudadanía… la noche de hoy ha demostrado que ninguno de los convocantes tiene capacidad de garantizar que la protesta culminará pacíficamente. Entre más choque haya por vandalismo con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la policía más probabilidad tenemos de que pueda haber abuso o que ciudadanos puedan terminar heridos”, advirtió López la madrugada del miércoles en una declaración oficial en la que también informó que habrá 22 comisiones verificadoras de derechos humanos en las protestas sociales.
La comunidad internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que se garantice el derecho a la protesta, ha condenado los actos de violencia e instado al diálogo.
Las protestas arrancaron hace una semana para pedir la retirada de la reforma tributaria, una subida de impuestos con la que el Gobierno quería tapar el agujero que había dejado la pandemia en las arcas. Los expertos económicos defendían este ajuste fiscal como mecanismo para distribuir mejor la riqueza, entre otras cosas.
Al cuarto día de choques en las calles, con el ejército patrullando las ciudades, el presidente retiró la reforma y dejó caer al ministro de Hacienda que la había impulsado. Esas decisiones no calmaron las aguas. La herida de Colombia es más profunda que un simple proyecto de ley que no ha llegado a ser tramitado en el Congreso. Por eso, Ceballos, dentro de este diálogo, considera que es fundamental para apaciguar la crisis acelerar la vacunación, reactivar la economía y ofrecer educación universitaria gratuita a personas de bajos recursos.
Esos jóvenes a los que el Duque trata de contentar ahora han sido los protagonistas de esta crisis, para bien y para mal. Ellos han liderado las críticas contra el Gobierno, contra un presidente con el que no se sienten identificados pese a ser el más joven que ha gobernado nunca en Colombia. Duque acabará de cumplir 46 años el día que abandone la presidencia dentro de 15 meses. Pero los jóvenes también han puesto los muertos. Algunas de las víctimas apenas eran unos adolescentes.
En Cali, una ciudad bloqueada durante varios días por tierra y por aire, se han producido muchos enfrentamientos entre jóvenes y policías en los barrios más marginales. Chavales sin estudios, sin empleo y sin un futuro claro. Cinco de ellos murieron la noche del martes. En redes sociales se ha hecho viral el hashtag #Nosestánmatando.
Los disturbios más importantes del miércoles, sin embargo, tuvieron lugar en Bogotá, la capital. La alcaldesa, Claudia López, señaló que la escalada de violencia “fue brutal”. Hay más de 70 manifestantes y 19 policías heridos. Un centro de atención inmediata, pequeñas estaciones de policía dispersas por los barrios, fue incendiado con diez agentes en su interior. Esos lugares suelen ser el blanco de los manifestantes porque un joven fue asesinado ahí por la policía el año pasado.
Mientras tanto, Duque busca aplacar la furia acercándose a ellos. El día que tumbó la reforma tributaria, el proyecto estelar de su mandato, dijo que trataría de levantar una nueva con más consenso. No ha podido ponerse a ello. Según quienes le rodean, duerme poco y está pendiente de ese diálogo que copará la agenda de su Gobierno las dos próximas semanas y de los focos de violencia. Antes de salvar la tributaria debe apaciguar las calles del país.
(Con información de La Jornada y El País)
(Fotos: El País)
