Rescatistas reclaman mayores pena para maltratadores de mascotas

José L.O. llegó puntual a su cita con el juez de control y enjuiciamiento penal, Hugo Cayetano Valenzuela Bustamante para la audiencia inicial en el caso 146/2021 en Ahome que se le integró por el hecho considerado como delito de maltrato o crueldad en contra de los animales domésticos en agravio del canino Rodolfo Corazón.

Por no ser conocido ni identificado, él cruzó sin problema por una explanada llena de funcionarios de la fiscalía general de justicia del estado, de defensores públicos, decenas de policías armados hasta los dientes, rescatistas y reporteros.

Se registró y llegada la hora, entró a la sala A. Tomó su lugar en el asiento de los acusados, seguido de sus tres abogados defensores públicos, mientras que por su contraparte estaban tres agentes del ministerio público, la asesora victimal y la ofendida, Salma J.C. G, una joven rescatista de perros callejeros que inició todo el proceso cuando buscó al can, y al indagar su paradero se enteró que este había sido sacrificado a hachazos. Y entonces, en la ciudad explotó la indignación que se reflejó en la marcha tumultuaria más grande en la fundación de Los Mochis por defensa a la vida digna de las mascotas.

Mientras se esperaba el arribo del juez, José L.O. pide permiso para ir al sanitario. Una policía procesal le indica el camino y en ese corto espacio de la sala lanza la primera mirada de molestia a la rescatista. Con el rabillo de sus ojos, él miró a la muchacha, que ni por enterada se dio.

El joven es de aspecto atlético, medio alto, cabello lacio cortado a rape. Tiene un andar de valiente y retador. Viste sobrio para la ocasión: playera beige, jeans azul y zapatos cafés. No está inquieto, ni temeroso. Más bien, bien adopta una posición de nerviosa tranquilidad.

El juez pide a las partes se identifiquen, y todos lo hacen. Les recuerda los derechos al acusado y a la ofendida, y estos aceptan que sus representantes legales se los explicaron.

Han pasado algunos minutos después de que la audiencia comenzó a las 11:51 horas. En el público, la familia de él, una rescatista también que lleva en la parte frontal de su playera la sublimación de la imagen de Rodolfo Corazón.

La sala no está llena y se cumplen los protocolos sanitarios por COVID-19.

Antes de iniciar con la lectura de imputación, la defensa argumenta que los derechos de presunción de inocencia, a la dignidad e intimidad de las personas y a la seguridad de José L.O. y la de su familia han sido vulnerados por medios de comunicación masiva y en las redes sociales, por lo tanto pide que la audiencia sea privada, pues en ella se desahogarán alegatos que pueden ser utilizados en redes sociales, y pide que la audiencia sea privada. Es un argumento pueril, sin casos concretos, y sin nombrar un solo ejemplo.

Los fiscales, la defensora victimal y la rescatista no combaten la petición y cómodamente le cuelgan la decisión al magistrado, que determina acceder a la petición.

A las 12:20 horas, la sala es desalojada. La audiencia se desarrolla a puerta cerrada.

Afuera, Ana Arellano estalla en llanto de impotencia, pues considera que la defensa uso argumentos no probados para ocultar los hechos y procurar impunidad para el matón de Rodolfo Corazón. Califica a la defensoría pública como atroz.

A unos metros de ella, cuatro patrullas y casi una veintena de policías impiden al paso a mujeres rescatistas a las instalaciones públicas. Semejante despliegue que incluyó la portación de fusiles, pistolas, cascos, escudos y equipo antimotines solamente sucedió cuando se vertieron amenazas de muerte a uno de los jueces de control.

Las rescatistas no polemizaron, y se quedaron a las afueras, expectantes.

Tras cuatro horas da audiencia, las partes salen, excepto José L.O. Él era conducido por un laberinto de pasadizos hacia el interior del penal de Felipe Ángeles.

Y es que el juez Bustamante Valenzuela había decretado la prisión preventiva oficiosa, el auto de vinculación a proceso y otorgado un mes para la investigación complementaria.

Había un argumento de peso para la resolución: el arma blanca, el hacha utilizada para matar al can indefenso. La Constitución Mexicana ordena prisión preventiva oficiosa cuando se use un arma para segar la vida. Por eso, José L.O. iba camino a la cárcel. Y en ella permanecerá hasta que el caso 146/2021 concluya.

Enteradas de la resolución, Ana Arellano, de Promascotas, Martha García Rodríguez, Thony Moyte, Olga Montijo Duarte, Lupita Ortiz Lagarde, rescatistas independientes y Graciela Couret Beltrán, de la Asociación Protectora de Mascotas y Adopciones de Los Mochis estallaron en júbilo, y consideraron que la prisión preventiva oficiosa decretada por el juez será un escarmiento para el atacante de Rodolfo Corazón.

Sin embargo, consideraron que el Código Penal de Sinaloa en lo relativo a maltrato animal es blandengue y no castiga con severidad la crueldad, por lo que los diputados locales deben elevar la penalidad hasta 15 años para frenar el abuso., como el que sufrió Rodolfo Corazón el 21 de marzo en el fraccionamiento Cedros de Los Mochis, cuando fue sacrificado a hachazos por el hoy vinculado a proceso, José L.O.