El comandante Níquel intentó suspender el proceso penal que se sigue en su contra por su intervención en los hechos en los que dos jovencitas fueron asesinadas por agentes de la Policía Elite.
En audiencia celebrada esta tarde el coordinador del grupo Elite de la PEP, Carlos Alberto “C”, solicitó la suspensión condicional del proceso pero la solicitud fue rechazada por la jueza Dulce María Villegas, sin embargo la misma juzgadora le dio el camino a seguir para que sea aprobada.
Con la suspensión el acusado evitar llegar al juicio oral y una pena de prisión.
El comandante está acusado de los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.
Las víctimas, Andrea y Ana Carolina, de 18 y 20 años; fueron asesinadas por agentes de la PEP que dispararon al vehículo en el que circulaban; y Julio César y Dulce María, fueron detenidos arbitrariamente.
El defensor, Rafael Trejo, dijo que se cumplían con los requisitos para suspender el proceso penal, entre ellos que la media aritmética de la pena de prisión no supere los cinco años.
Por el delito de abuso de autoridad, indicó, la pena es de 1 a 3 años y por delitos cometidos por servidores públicos de 3 meses a 3 años de prisión.
Como reparación del daño propuso el pago de terapia sicológica a Julio César y a Dulce María durante un año por un monto de 62 mil 400 pesos y como medidas que el imputado resida en un lugar determinado y otra que la jueza decidiera.
La Ministerio Público, Marlén Medina, dijo que además de lo que proponía el defensor, el acusado debía pagar el daño moral.
Por daño moral, de acuerdo con la ley, le corresponde pagar 109 mil 903 pesos a cada víctima.
Además, pidió que pagara los daños del vehículo, cuyo monto según los peritajes, asciende a 17 mil 450 pesos por cada uno de los cuatro imputados en la causa penal.
Los representantes de las víctimas, José Ángel Bejarano y Óscar Fidel González, dijeron que la pena por el delito de abuso de autoridad es de 2 a 6 años de prisión y no de 1 a 6 años como señaló el defensor por lo tanto ya no se cumplía con el primer requisito para autorizar la suspensión.
La jueza señaló que la media aritmética de los dos delitos es de 5 años siete meses y 15 años, por lo que se incumple con el primer requisito y no es procedente la suspensión.
La juzgadora dijo a la defensa que podía pedir la suspensión primero por un delito y después por el otro.
Con los delitos por separado la media aritmética no supera los cinco años.
En comandante también estaba acusado de encubrimiento por favorecimiento pero en febrero pasado la FGE retiró el delito.
La Fiscalía acusaba que el comandante permitió que se alterara la escena del crimen.
Según la FGE a las jóvenes les sembraron un arma, casquillos y pusieron pólvora en las manos para simular que había muerto en un tiroteo.
