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Armando Villarreal, perdón denegado

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Se caldean ánimos entre jueza y defensa del ex secretario de Administración y Finanzas; suspende la audiencia y se retira

 

En la causa penal que se sigue contra los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de desviar 293 millones de pesos se caldearon los ánimos entre la jueza y los defensores.

Lea: Fiscal Anticorrupción evade responsabilidades en caso de Armando Villarreal https://bit.ly/2MoNmNq

La defensa pidió a la jueza Sara Bruna Quiñonez retirarse de la causa penal por ser parcial y al escuchar la solicitud la juzgadora dio por terminada la audiencia abruptamente y se retiró de la sala sin pronunciarse.

Los acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público son el ex secretario, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de Caja Genera, José Carlos López Ramírez.

Al iniciar la audiencia la defensa de los imputados solicitó la suspensión condicional del proceso y propuso el pago de 2 millones de pesos como reparación del daño pero la jueza rechazó la solicitud.

El argumento de la jueza fue que el apoderado legal del Gobierno del Estado, César Figueroa Gutiérrez, no está facultado para autorizar suspensiones.

La jueza señaló que entre la defensa y la Fiscalía primero acordaron sobreseer un delito para que después fuera procedente solicitar una suspensión condicional del proceso.

“Pretenden que el Tribunal legalice ese acuerdo, me niego a ser instrumentalizada para esos efectos”, dijo.

En representación de los tres acusados, el abogado Ernesto López Benítez, dijo que se cumplían los requisitos para la suspensión ya que en el delito de ejercicio indebido del servicio público la media aritmética de la pena no supera los cinco años y ninguno de los acusados ha tenido ese beneficio en otro proceso penal.

Además, señaló, no hay oposición de parte del Gobierno del Estado.

Como reparación del daño propuso el pago de 2 millones de pesos, en seis pagos de 333 mil 333 pesos; residir en un lugar determinado durante seis meses y presentarse a firmar de manera bimestral.

“Ninguno de los 293 millones de pesos se desvió a cuentas personales ni a fines personales, sino para cubrir necesidades del gobierno por lo que no hubo daño”, aseguró.

Es procedente, oportuna y justificada la solicitud, expresó.

El asesor victimal, Luis Manuel Ayala Mora, dijo que no había oposición fundada del ofendido, que en este caso es Gobierno del Estado.

El apoderado legal del gobierno estatal, César Figueroa Gutiérrez, expresó: “sí me encuentro de acuerdo con el plan reparatorio”.

La jueza preguntó cómo acreditaba que es apoderado legal del gobierno estatal y él respondió que con un poder notarial.

 

—¿Quién le dio el poder?, cuestionó la jueza

—El titular del Poder Ejecutivo, respondió Figueroa Gutiérrez

—¿Quién es el titular?, diga su nombre.

—Quirino Ordaz Coppel

—¿Él directamente le dio el poder?

—Sí

—Dada la trascendencia del caso, ¿le dieron otro tipo de autorización para que diera su anuencia?

– No, yo tengo la facultad para tomar estas decisiones

—¿El gobernador del estado tiene conocimiento que usted iba a dar su anuencia para la suspensión?

—Aún no, yo le voy a dar un informe sobre la audiencia

 

En ese momento, el Fiscal, Librado Romero Martínez, se acercó al apoderado a decirle algo y la jueza lo interrumpió y expresó: “déjelo hablar, usted no es su asesor. Estoy hablando con él”.

El apoderado legal dijo que el director jurídico del Gobierno del Estado, Simón Betancourt Gómez, tenía conocimiento que daría la anuencia para la suspensión y éste a su vez lo habló con el Secretario de Administración y Finanzas.

La jueza preguntó el nombre del Secretario de Finanzas y el apoderado no lo supo, hasta que los acusados, desde el otro lado de la sala, le dijeron “Luis Alberto de la Vega”.

La jueza señaló que el poder que presentó el apoderado no lo faculta para actuar en un proceso penal y dar consentimiento para una suspensión condicional.

El apoderado respondió que había una cláusula especial que lo autoriza a obtener el pago de toda clase de indemnizaciones.

Aquí no es indemnización, es daño al erario que emana de un proceso penal, eso no lo contempla el poder, respondió la jueza.

El asesor victimal intervino y empezó a decir que el poder notarial faculta al apoderado a otorgar el perdón pero la jueza lo interrumpió y dijo: aquí no se puede otorgar el perdón porque es un delito que se persigue de oficio, aquí no hay perdón.

La jueza consideró que la suspensión sí se puede llevar a cabo pero el apoderado legal no está facultado para autorizarla.

“¿Con qué base voy a admitir que nada más se paguen 2 millones y con un poder que no tiene eficacia para los fines que aquí se pretenden?”, cuestionó.

El abogado Rafael Trejo dijo que en la acusación no se señala daño al erario.

Mencionó que el monto de 2 millones de pesos se estableció en función de la conducta por la que fueron acusados.

La jueza dijo que para autorizar la suspensión deben acudir el director jurídico y el Secretario de Administración a dar su anuencia de viva voz.

“Hablamos de muchos millones, no puedo voltear para otro lado y fingir que esa suma se desvió para pagar gasto corriente cuando los datos de la carpeta de investigación acreditan lo contrario”, mencionó.

Aseguró que no hay pruebas que se usó para pagar gasto corriente y “no sabemos qué se hizo con ese dinero”.

“Los millones son muchos, no son propios, son públicos”, expresó.

Una vez que la jueza resolvió, el abogado de Villarreal, Carlos Olguín pidió a la juzgadora se excusara de seguir conociendo de la causa penal.

Acusó que la jueza no se ha mostrado imparcial en varias ocasiones y ha hecho manifestaciones asegurando que sí hubo desvíos y que son ilegales, cuando esto no está acreditado y no hay ninguna sentencia.

“Su juicio está fuera de la legalidad”, expresó el abogado.

Señaló que la juzgadora ha hecho más manifestaciones con juicios personales que legales.

Acusó que la jueza parece estar empeñada en hacer cumplir sus apreciaciones personales y no en hacer cumplir la ley.

Tras escuchar la solicitud del abogado, de repente la jueza dio por terminada la audiencia y se retiró sin hacer ningún pronunciamiento.

Artículo publicado el 21 de febrero de 2021 en la edición 943 del semanario Ríodoce.

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