El secretario de Seguridad de la CdMx, Omar García Harfuch, habría recibido sobornos mensuales por 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos, de acuerdo a un testigo clave en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, citado por el diario Reforma.
En la publicación, el periódico nacional señala que tuvo acceso a la declaración del testigo protegido, al que llama “Juan”, quien declaró que los mandos del cártel daban sobornos a mandos militares y policiacos para que les permitieran operar en Guerrero.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, declaró el testigo, de acuerdo con Reforma.
García Harfuch fue coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero durante 2014, cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los (de) Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, señaló.
El testigo protegido “Juan” dio a conocer los detalles de la desaparición de los normalistas, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Según su declaración, esa madrugada desaparecieron 30 personas más, pertenecientes a un grupo rival del cártel Guerreros Unidos.
La importancia de “Juan” como testigo de la investigación radica -de acuerdo con el diario- en que su testimonio facilitó el hallazgo de algunos restos de los normalistas, en las localizaciones que fijó. También en su testimonio se basaron las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su presunta participación en los hechos. Entre ellos destaca la detención del capitán José Martínez Crespo.
El testimonio señala que García Harfuch estaba “bien conectado” con el Ejército debido a que es nieto del exsecretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, quien fungió como titular de la Sedena entre 1964 y 1970.
El cártel Guerreros Unidos daba dinero a personal de los batallones de infantería 27 y 41, a quienes pagaba cantidades que iban de los 60 mil a los 120 mil pesos, de acuerdo con el rango. En ese sentido, un general recibía hasta 5 millones de pesos.
“Juan” también señaló a Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Iñaki Blanco, ex fiscal guerrerense, ambos durante el gobierno de Ángel Aguirre, como beneficiarios de 50 mil pesos mensuales.
Omar García Harfuch negó las acusaciones la mañana de este jueves. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter dijo: “Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar”.
Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por @reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar.
— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 21, 2021
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa presentará una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República, a raíz de información filtrada a medios de comunicación.
Ayer miércoles, Reforma publicó un fragmento de la declaración presentada por un testigo protegido del caso Ayotzinapa, identificado como “Juan”, presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos.
La información difundida por el medio refería que los 43 normalistas desaparecidos habían sido detenidos durante un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías, para después entregarlos a miembros del crimen organizado.
“Como lo hemos señalado, este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa; la credibilidad de las instituciones que participan en ésta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como la integridad de las personas que forman parte de estas investigaciones”, señala un comunicado publicado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Con información de Aristegui Noticias.
