Caso Cienfuegos detona el ‘hasta aquí’ de México en materia de lucha contra las drogas
La presencia de la DEA en México podría limitar sus funciones en cuanto a operatividad, estancia y estarían obligados a reportar qué tipo de investigaciones realizan en territorio nacional, luego que el Senado de la República aprobara la semana pasada una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Al menos eso se pretende.
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La reforma aún debe de ser aprobada por la Cámara de Diputados, y entonces firmada por el presidente, para poder entrar en vigor.
Esto significa que operativos como Cisne Negro, orquestado para capturar a Joaquín Guzmán Loera en 2015, y dirigido en completo sigilo por el agente estadunidense Andrew Hogan, lo mismo que la detención del ex general Salvador Cienfuegos, debían antes ser compartidas con las autoridades mexicanas, de lo contrario podrían tener consecuencias legales con quienes dirigen tales investigaciones, incluso cárcel, pues la reforma sugiera también erradicar inmunidad diplomática, lo cual no ocurre ahora.
Ello obligaría a todo agente estadounidense, llámense DEA, CIA, FBI, Tesoro, ICE, o cualquier otra agencia gubernamental de procedencia extranjera, a compartir con la FGR, la SRE, Sedena o Marina, todo descubrimiento que hagan en México.
López Obrador y el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, afirmaron que “esos límites” no significan ningún tipo de fricción con Estados Unidos, pues la propuesta no está hecha únicamente hacia agentes estadunidenses, sino para todos los países que tienen representación en México.
“Esta reforma tiene que ver con hacer valer nuestra soberanía, y para no volver a permitir operativos como Rápido y Furioso, que permitió la introducción de armas a nuestro país”, dijo el presidente mexicano, al anunciar la introducción de la reforma a la ley de seguridad nacional, el lunes 7 de diciembre.
Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA en América Latina, dijo, sin embargo, que esa reforma no funcionará, porque en el momento que los agentes estadounidenses la compartan con las autoridades mexicanas, se va a filtrar hacia los grandes capos del crimen organizado, y eso va a comprometer a los agentes, y a los cientos de informantes que la DEA tiene en México.
“Simplemente va a hacer un sistema oneroso porque va a obstaculizar las operaciones bilaterales, va a obstaculizar el intercambio bilateral de información. Esto va a ser mucho más perjudicial para México que para Estados Unidos, pues es más lo que aporta la DEA a las autoridades mexicanas, que lo que aporta México a Estados Unidos”, dijo Vigil, a la cadena ABC.
Según expertos, el grado de corrupción que existe en México es tan alto, que nadie confía en el gobierno mexicano, y una prueba es que, en 2017, un comandante de la policía federal fue acusado de tener años pasando información al cártel de los Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.
Ramón Celaya Gamboa, experto en seguridad, consideró que la reforma es un claro mensaje de México a Estados Unidos, “con dedicatoria a la DEA”, por el arresto de Cienfuegos, y por cada operación clandestina que durante más de cuatro décadas la DEA ha realizado en México “sin supervisión”.
“Pero en sí la medida es innecesaria y equivocada, porque plantean una serie de requisitos de los que el estado mexicano no tiene capacidad para verificar ese cumplimiento”, destacó Celaya Gamboa, quien además es abogado penalista.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, destaca en sus puntos más severos, que cada extranjero antes sea autorizado por la SRE, Marina, Sedena, y Secretaría de Seguridad para internarse en territorio nacional, y una vez en México estar apegado a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la presente Ley y en los lineamientos que para el efecto emita el Consejo de Seguridad Nacional.
“Su inobservancia será causa de responsabilidad administrativa o penal, de conformidad con las leyes respectivas, si el agente no entrega a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe por escrito detallando cómo se obtuvo la información precisando reuniones, llamadas telefónicas o cualquier tipo de comunicación que sostengan los agentes extranjeros”, se lee en la reforma.
Además, se propone limitar la actuación de los agentes extranjeros únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de los dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.
También prohibiría a agentes extranjeros a ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas, aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional, y realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad.
La reforma sin embargo autoriza a cada agente extranjero a portar armas de fuego durante la función de sus labores, aunque estas deberán ser autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esto queda claro que, ningún agente extranjero tendrá ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones.
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Según Legisladores y gobernadores de oposición acusaron que con estas se estaría criminalizando a los funcionarios locales y subordina a los estados y municipios al gobierno federal.
“Ahora resulta que tienen que pedir permiso y ser acompañados por un chaperón cuando quieran sostener reuniones, cuando se trata de gobiernos autónomos”, publicó en su cuenta de Twiter Damián Zepeda, Senador del PAN.
Marcelo por su parte, señaló que es normal que encuentre cierta oposición la reforma, pero que confía que la iniciativa de ley la apruebe el Congreso durante este periodo de sesiones, para que el país cuente con un marco legal claro sobre cooperación, y afirmó que Estados Unidos es respetuoso de las decisiones que tomamos, como también lo somos con ellos. El último convenio que se firmó, sostuvo, es de hace 28 años.
“Queremos hacer valer el principio de reciprocidad respecto de otras naciones. No se está pidiendo nada que sea distinto a lo que le piden a un mexicano, me refiero a un agente diplomático en el exterior”, dijo el canciller.
La reforma a la ley fue aprobada con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, y al respecto, el senador Ricardo Monreal enunció que en México hay agentes de la DEA, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Servicio de Alguaciles y del FBI, pero se desconoce con precisión su actuar por falta de un marco legal.
“Ciertamente, sólo la DEA tiene oficinas en México, pero se desconoce con exactitud cuántos agentes tienen operando en el país, y esta iniciativa de ley nos dará una mejor idea de quienes y cuantos son ”, dijo el senador.
La presencia de la DEA en México ha sido un tumor de años, y no sólo el gobierno de México y medios de comunicación nacionales han reportado esa realidad, sino que el propio ex agente Andrew Hogan publicó un libro reconociendo como él y un sin número de agentes operaron en Sinaloa durante meses para atrapar al Chapo.
Pero también miembros activos del Cártel de Sinaloa han reconocido su presencia, incluso, aseguran, se han valido de las fuerzas armadas como la Armada de México, para dirigir operativos basados en información que dan narcotraficantes extraditados a Estados Unidos para arrestar a supuestos capos de la droga en México.
En el proceso, se ha dicho, llegan a plantear evidencia y violar derechos de los arrestados en un afán por tenerlos cautivos, y posteriormente extraditarlos a Estados Unidos.
*Con información de ABC News y agencias.
Artículo publicado el 13 de diciembre de 2020 en la edición 933 del semanario Ríodoce.