junio 23, 2021 9:28 AM

El desaire del gobierno a los indígenas tepehuanes

quirino y amlo

Advierten que si incumple convenio paralizarán la construcción de la presa Santa María

 

 

“Nos colgó el chucho”, habían dicho los indígenas tepehuanes el 7 de noviembre que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no pudo supervisar la cortina de la presa Santa María, por la emergencia en Tabasco.

Con esa expresión, “nos colgó el chucho”, los que habitan los cerros en el pueblo de Santa María, del pueblo mágico de El Rosario, significa cuando dejan a alguien como a las novias de rancho, vestidos y alborotados.

Como se quedó don Julio, en Charco Hondo, el indígena de los tepehuanes con el violín afinado, para tocarlo en la danza de los matachines vestidos de colorido, adornos en mano, sonaja de guaje y un tocado de corona en la cabeza.

Diez pares nuevos de huaraches se quedaron sin calzar los pies de los matachines que danzarían para el presidente, acompañados de personajes como los diablos, lobos y viejitos que brincarían entre los participantes.

La tarde-noche del 4 de diciembre, la danza de los matachines, una tradición de los indígenas, con más de 400 años, quedó frustrada, con la visita de última hora, casi nocturna, del primer mandatario de la nación.

“No hubo danza de matachines, pero sí llegaron los ‘diablitos’ y los ‘lobitos’ del gobierno del estado, que nos impidieron el paso a la cortina de la presa”, dijo un comunero, porque no permitieron la entrada de Juan Silva Beltrán.

El 3 de diciembre, después de varios desencuentros, la mesa directiva de la Comunidad integrada por Juan Silva Beltrán, Andrés Zataráin Gallardo, José Isabel Montiel Ríos y Octaviano García Plaza, presidente, secretario, tesorero y presidente de vigilancia de la Comunidad de Santa María y Anexos, respectivamente, habían firmado el convenio con el gobierno del estado.

La cláusula décima tercera de dicho convenio destrababa uno de los desencuentros que había desembocado en hartazgo, cuando los comuneros habían desalojado a todos los que trabajaban en la cortina de la presa a pesar de que existía el amparo 537/2019 radicado en el Juzgado Décimo de Distrito.

“’LA COMUNIDAD’ se compromete, a la firma del presente acuerdo de voluntades, a presentar y ratificar el desistimiento del juicio de amparo…y a permitir a la empresa encargada de ejecutar los trabajos de construcción de la presa Santa María que reinicie los mismos, para lo cual expresa su libre voluntad para ello”, rezaba la cláusula mencionada.

Los comuneros habían firmado el convenio de marras, aparte de la necesidad del dinero, también bajo el chantaje de que si no se destrababa el problema, el presidente de la República abandonaría la construcción de la presa y se retardaría el desarrollo económico y social de la zona Sur de Sinaloa.

La realidad era que los comuneros siempre habían mostrado disposición para la construcción de la presa, pero no querían sentirse “pisoteados” por el gobierno del estado y que les pagaran lo justo, para no repetir la historia de la presa Picachos vivida durante el sexenio 2005-2010 de Jesús Aguilar Padilla.

La presunta corrupción del gobierno de Aguilar Padilla se había prolongado en el sexenio 2010-2016 de Mario López Valdez, pues algunos de sus funcionarios, hasta la fecha, no salen de los juzgados acusados de corruptos.

Los 300 campesinos afectados por la construcción de la presa Santa María no olvidan que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, fue secretario de finanzas de Aguilar Padilla, famoso en el Sur, por la historia de “promesas incumplidas”.

“No tiene palabra”, reprocharon los indígenas el pasado 4 de diciembre cuando los vigilantes de la pluma de acceso a la cortina de la presa impidieron la entrada de Juan Silva Beltrán y su comitiva.

Relatan que cuando firmaron el convenio en palacio de gobierno, el 3 de diciembre, el gobernador del estado había prometido solemnemente a Silva Beltrán: “Usted estará a un lado del presidente de la República y mío”.

En ese entendido, Juan Silva Beltrán, había esperado en Los Otates, al presidente López Obrador, a quien le entregó un ejemplar del convenio firmado con el gobierno del estado, el 3 de diciembre en palacio de gobierno.

Cuando el presidente recibió el documento desde su vehículo que transitaba hacia la cortina de la presa Santa María, AMLO habría dicho: “síganos”.

Pardeaba, cuando Silva Beltrán en compañía de su sobrino y su comitiva siguieron la caravana presidencial rumbo a la pluma de acceso a la presa, pero cuando llegaron a querer entrar los vigilantes les dijeron que no estaban en la lista de invitados al evento de supervisión de la obra por el presidente.

Indignados, exclamaron, “¡cómo si somos dueños de la propiedad!” y denunciaron los hechos consumados del bochornoso desaire ante los medios de comunicación locales y nacionales que cubrían la visita de AMLO.

Jaime Montes Salas, el superdelegado federal, se presentó ante los inconformes para explicar que el del presidente no era un evento político, sino de supervisión para determinar si se continuaba o se suspendía la obra.

Montes Salas estaba argumentando sobre el protocolo de la pandemia, cuando el sobrino de Juan Silva Beltrán, le recordó que el convenio se había firmado no por creer en la palabra empeñada del gobierno del estado, sino por las gestiones de “usted juanito”, pero si no se cumplía suspenderían la obra.

De pronto, desde una oscuridad como de “boca de lobo” apareció la caravana presidencial y Jaime Montes pidió a los comuneros que dejaran pasar la camioneta donde el gobernador Quirino Ordaz Coppel salía con el presidente.

“Fue venganza no dejarlos entrar, se la cobró Quirino por el 7 de noviembre que no lo dejamos pasar a la cortina, cuando el presidente no vino por las inundación de Tabasco”, dijeron algunos comuneros y se retiraron en medio de la oscuridad de la sierra, pensando en la próxima asamblea de la Comunidad.

 

Cronología de los desencuentros

-7 de noviembre. Comuneros de Santa María niegan el acceso al gobernador del estado y su comitiva y desalojan a los que trabajan en la cortina de la presa, porque lo impide el amparo 539/2019 en el Juzgado Décimo de Distrito.

-3 de diciembre. Comuneros y gobierno del estado firman el convenio que entre otras cosas, busca destrabar el conflicto con el desistimiento por parte de los comuneros, del amparo 539/2019, para continuar con los trabajos en la cortina.
-4 de diciembre. Gobierno impide la entrada de mesa directiva de comuneros de Santa María a la cortina donde AMLO supervisa la obra para tomar la decisión de abandonar o continuar con los trabajos de la presa.

Artículo publicado el 06 de diciembre de 2020 en la edición 932 del semanario Ríodoce.

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