Como una doctrina que hay que seguir al pie de la letra, la historia de los conflictos entre comuneros en el sur de Sinaloa y el gobierno del estado, no solo han detenido el avance y conclusión de las presas proyectadas, sino, que han tenido la “habilidad” de verse inmersos en largos y costosos litigios.

Pasó con la Picachos en Mazatlán, que hoy tira el agua al río, la misma que podría ser distribuida entre los habitantes del puerto y cubrir sus necesidades domésticas y la de los inversionistas que esperan que el crecimiento de la ciudad vaya a la par con la creación de nueva infraestructura.

Pero con el amparo que obtuvieron los comuneros de San Marcos, legalmente no es posible contar con obras secundarias.

Más al sur, en la sierra de Rosario, la historia se repitió.

En marzo de 2015 el entonces gobernador, Mario López Valdez, dio el “banderazo” de inicio, y dos años antes había acordado con el gobierno federal la publicación de un decreto en el que se comprometió a “sacar en paz y a salvo cualquier problemática social que se suscite con motivo de la ejecución de las obras, así como resolver íntegramente los aspectos relacionados a la tenencia de la tierra, dentro de los que se incluyen la afectación en el embalse de la presa de almacenamiento, bancos de materiales, derechos de vía, caminos de acceso al sitio de la presa y de las áreas de construcción”.

Lea: La ‘destrabada’ de la presa Santa María https://bit.ly/2UbU8WP

Pero ni el tiempo ni la voluntad política le alcanzó a Malova y la misma línea ha seguido Quirino Ordaz Coppel, quien ha preferido invertir el dinero y el aparato de gobierno en acciones muy alejadas del interés de los comuneros.

Se cumplió la advertencia casi profética de un comunero de aquel junio de 2014: “No queremos gastar los huaraches yendo de El Rosario a Culiacán y de Culiacán para acá; queremos que el gobernador nos cumpla lo que nos prometió”.

Ese día recibieron de José Luis López Montiel, coordinador general de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas, un cheque por 381 mil pesos por concepto de ocupación previa, con lo que la Mesa Directiva de Santa María, dio luz verde a la Comisión Nacional del Agua y a la constructora ICA, para que iniciara la obra que prometió resolver el abastecimiento de agua para consumo humano y riego en el sur.

Los tiempos de la 4T

Ismael Díaz, presidente del Comité Baluarte Presidio (Cobalpre), se declaró optimista ante la visita de López Obrador, dijo que aunque es un conflicto entre el estado y los comuneros, la presencia del presidente podría abonar a resolver el conflicto.

Dijo que en la última actualización del costo de la obra se estableció que ascendía a 19 mil millones de pesos, incluyendo la hidroeléctrica.

Recordó que este proyecto ya pasó por el estatus de ficha técnica roja y podría haberse cancelado de no ser porque López Obrador mantiene vigente su compromiso de realizarla.

La visita del presidente coincide con una asamblea de la mesa directiva de los comuneros. “Creemos que las cosas están dadas para que esto se destrabe”, dijo.

El diputado local Edgar González Zatarain ha insistido en cuestionar la falta de interés del gobierno estatal y el subejercicio de los recursos que el Congreso del Estado ha presupuestado.

En 2019, dijo, el Congreso aprobó 119 millones de pesos para indemnizaciones, mientras que López Obrador anunció en enero de ese año 250 millones de pesos, cantidad que sería duplicada en caso de ser ejercidos en ese año, pero esos 369 millones de pesos no se ejercieron.

En 2020, nuevamente el Congreso propuso asignar 90 millones de pesos, que, sumados a 1 mil 90 millones de pesos del gobierno federal, pusieron sobre la mesa 1 mil 180 millones que a la fecha no se han ejercido.

El diputado precisó que nadie ha informado con claridad cuánto se le adeuda a los comuneros, pues mientras que unos dicen que son alrededor de 35 millones de pesos otros indican que son 80

“Vamos a hacer que comparezca el sub secretario, Joel Boucieguez, para que haya claridad en torno a esto con el único propósito de darle seguimiento puntual por parte del Congreso del Estado para evitar que se siga perdiendo tiempo valioso, son recursos públicos y se debe conocer el uso, porque si no están siendo utilizados para indemnizar a los comuneros, entonces para qué”, cuestionó.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) por su parte se ha visto obligada a modificar y actualizar el convenio y calendario de obra e inversión con la actualización de costos que eso implica.

El calendario dado a conocer por la Conagua en junio de 2020 a través de una solicitud de acceso a la información pública en junio, da a conocer que las acciones de ICA estaban programadas para cumplir al 100 por ciento con la obra hasta abril de 2021.

5 de agosto 2020, la promesa de AMLO

“Vamos a cumplir con el compromiso de la construcción de la presa de Santa María, en el sur de Sinaloa. Estamos detenidos porque hubo amparos, pero ya se están resolviendo, estamos nada más esperando que regresen de vacaciones los juzgados y se reinicie el trabajo en el Poder Judicial”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Culiacán el 5 de agosto.

Pero a más de tres meses, el gobierno que encabeza Quirino Ordaz no la logrado conciliar ni con los comuneros de Picachos ni con los de Santa María, un acuerdo que permita la continuación de ambas obras.

La responsabilidad para resolver ambos casos ha estado todo el tiempo en manos del gobierno estatal, las tierras en la de los comuneros, y el costo económico en la del erario.

AMLO, la “esperanza” de los comuneros en la Picachos

Cayetano Osuna

Desde hace doce años, que abarcan el gobierno de Jesús Aguilar Padilla 2005-2010, el sexenio 2011-2016 de Mario López Valdez y lo que lleva gobernando 2017-2021, Quirino Ordaz Coppel, al menos 30 comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos, siguen esperando que les paguen 327 hectáreas de tierras de uso común.

Fabían Valle Moreno, presidente de Bienes Comunales de la Comunidad de San Marcos, dice que ahora con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya supervisión de la presa Picachos estaba programada para el domingo 8 de noviembre, a las 15:15 horas, la cual no se realizó debido a que el mandatario acudió a Tabasco a atender las inundaciones, tenían la “esperanza” de que los ayude, como primer punto: “que el Gobierno del Estado les paguen lo que les deben”.

–¿Cuál es el otro punto?- se le pregunta al campesino.

-El otro punto es que nos cumplan los que nos prometieron a los pueblos afectados. No tenemos servicios, no tenemos nada. Aquí están los pueblos igual. No nos hicieron nada de lo que prometieron. Nos prometieron que iba a haber trabajo de la misma presa y no nos han cumplido nada.

-¿No tienen más peticiones?

-Tenemos muchas peticiones, pero, sobre todo, la principal es la falta de pagos a los comuneros, sobre todo las tierras de uso común de la comunidad de San Marcos. A los que nos deben, más o menos un promedio de tierra, de parcelas particulares, somos más o menos 30 personas.

-¿A cuánto asciende el monto?

-No pues el monto, el gobierno nunca ha hecho el avalúo ni nada, nomás nos tiene aquí, con que va a salir el avalúo junto con la tierra de uso común de la comunidad. Y ahí se van a ver las tierras estás junto con las tierras de los comuneros a los que falta por pagarse. Se van a evaluar las tierras, cosa que prometen y prometen y no lo cumplen. Nomás tenemos reuniones con el gobierno del estado y reuniones y más reuniones y nos prometen, pero nomás ahí se quedan en puras promesas.

-¿No han tenido acercamiento con el gobernador Quirino Ordaz Coppel…?

-No, de hecho hemos pedido acercamiento directamente con él, pero él nunca nos ha atendido. Él manda a los funcionarios, su equipo de trabajo que tiene de encargado, pero igual no nos resuelven nada; nomás, como le digo, promesas y promesas y sobre todo porque él conoce muy bien el problema, porque él ha estado desde que empezó esto, él sabe muy bien cómo está todo el problema principal de los comuneros.

-¿Cuántas hectáreas son las de uso común?

-Son 327 hectáreas, las que tenemos aquí afectadas, y pues no nunca se les ha pagado ningún peso a la comunidad por las tierras de uso común ni nada.

-¿Le pedirían a AMLO que les haga justicia?

-Si pues le pediríamos al presidente, porque es la máxima autoridad. El Gobierno del Estado no nos atiende, entonces, pues a ver si él nos puede ayudar, en cuestiones del problema, porque ya tiene como doce años este problema, y como le digo nomás nos prometen, entonces, quisiéramos ver al presidente AMLO, aunque sea un ratito, para que nos escuchara y nos ayude a resolver nuestro problema de los comuneros relacionados con la presa Picachos. Vamos a esperarlo rumbo al entronque que va hacia la presa a ver si nos escucha. Aquí nos queda cerca el camino que viene rumbo al Recodo, pasa por el crucero en Puerta de San Marcos. El punto número a tratar es que nos paguen los que nos deben. Ahí están las pruebas, no estamos mintiéndole a nadie.

-El presidente viene a una supervisión de la presa Picachos…

-Primeramente que se revise todo y se pague todo lo que se debe. Ése es el primer punto que nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos nuestro perito, pero no nos han entregado el avalúo de las tierras de aquí de nosotros, pero sí es algo de dinero estamos hablando de 327 hectáreas. El Gobierno tiene su avalúo, pero al precio más bajo, pura tierra de agostadero y agostadero del más barato.

La impunidad encontrada

Con el asesinato del líder de los afectados por a construcción de la presa Picachos, Octavio Atilano Tirado, ocurrido el 11 de octubre de 2014, cuando transmitía, en la cabina de Radio, su programa “Así es mi tierra”, por la frecuencia 98.7 de F.M., durante el sexenio de Mario López Valdez, cuya muerte sigue impune, se cerraba un ciclo de lucha de los comuneros iniciada desde 2005 en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, imponiéndose el silencio a los comuneros que habían resistido la represión de la que habían sido objeto.

El 11 de octubre pasado se cumplieron seis años de homicidio y todavía siguen resonando las promesas de Malova y su entonces procurador de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, de que no habría impunidad en el homicidio.

El exjefe político del entonces secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, aspirante a la gubernatura del estado, hizo una promesa incumplida: “Tengo la promesa de resolver lo de Atilano”, mientras que Marco Antonio Higuera Gómez, dijo: “No habrá impunidad en este caso…espero en el momento en que hagamos la presentación del asunto resuelto, ya verán ustedes qué es lo que van a encontrar”.