El Consejo de Ministros extraordinario aprobó este domingo un nuevo estado de alarma para toda España que se prolongará durante los próximos seis meses, con el objetivo de contener los rebrotes de Covid-19.

La decisión establece a un toque de queda obligatorio para todo el país de 11:00 de la noche a 6:00 de la mañana, restricción de reuniones sociales y la prohibición de trasladarse de unas comunidades autónomas a otras salvo causas justificadas.

La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae sobre los presidentes autonómicos, de acuerdo a el diario El País.

El pasado 14 de marzo se decretó el primer estado de alarma para frenar la primera ola de la pandemia. Fue la segunda vez en democracia que se empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no más suave, y con la intención de que el Congreso lo prorrogue durante seis meses, hasta el próximo mes de abril.

Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto un estado de alarma largo, de varios meses. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha planteado llevar el toque de queda hasta el 9 de diciembre. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por un periodo largo. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de mayo, con agónicas votaciones cada dos semanas, así que esta vez plantea una prórroga larga de una vez y confía en tener apoyo parlamentario suficiente para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute sobre el instrumento jurídico porque está aprobado para varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.

El Gobierno ha pensado en un estado de alarma diferente también en lo jurídico. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma y poner en marcha el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.

El Gobierno no debería tener problemas en la votación para la prórroga en el Congreso, dentro de dos semanas; Ciudadanos ya le han ofrecido sus votos; el PNV estará de acuerdo porque fue el País Vasco la primera comunidad que pidió el viernes el estado de alarma –con la autoridad delegada para el lehendakari, eso sí–; y Cataluña también lo ha solicitado, por lo que debería tener los votos de ERC y JxCAT. Sin embargo, el Gobierno insiste mucho en lograr el apoyo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que más reticente se ha mostrado a aplicar de nuevo un estado de alarma.

El problema de fondo es político. En las conversaciones informales entre consejeros, según varios de ellos, hay un consenso claro sobre el confinamiento nocturno –aunque hay discusión sobre la hora para fijarlo, 22:00, 23:00 o 24:00– y sobre el instrumento del estado de alarma limitado, pero el PP se mostró tan radicalmente en contra del estado de alarma anterior en mayo que ahora tiene problemas para admitir este nuevo. Aún así, el Gobierno ha decidido tirar adelante mientras los populares deciden. De momento, según fuentes tanto del Ejecutivo como del PP, no se han producido conversaciones de nivel entre ambos para llegar a un acuerdo sobre el estado de alarma.

El Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30 por ciento de ellos se están produciendo en reuniones sociales en casas. Todos los gobiernos autonómicos están detectando que el cierre de los bares a una hora no es suficiente, porque muchas personas, en especial los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta altas horas. Un contacto prolongado en espacios cerrados y sin ventilación aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Por eso casi la mayoría de los gobiernos están de acuerdo en tener un instrumento que permita a la policía vigilar las calles de noche y complicar así mucho esas reuniones. El control casa por casa es mucho más complicado, así que la fórmula de controlar el movimiento en las calles está asumida como más eficacia. El confinamiento total no está encima de la mesa de momento, y de hecho este estado de alarma se plantea para evitar llegar a esa situación extrema con el destrozo evidente que provoca.