El director de la Escuela Mexicana de Archivos, Ramón Aguilera Murgía, advirtió que la Ley de Archivos de Sinaloa deberá estar respaldada con presupuesto e infraestructura para su implementación, de lo contrario quedará en letra muerta.
En videoconferencia remota, acompañado por el presidente de Ceaip, Alfredo Beltrán, expuso los riesgos que pudiesen tener en el caso de municipios débiles financieramente, a quienes se deberá proporcionar apoyos económicos para aplicar la Ley de Archivos en Sinaloa.
Mencionó que junto con el presupuesto y la infraestructura adecuada para el resguardo y preservación de archivos, será necesario contar con profesionales en el tema, algo que no se ha valorado.
Destacó que los archivos deben preservarse no solamente para tenerlos guardados, sino porque tienen una utilidad social y cultural, y que años anteriores los gobernantes se llevaban una vez que concluían su gestión, con la idea errónea de que eran de su propiedad, cuando son un bien público.
Descartó que antes de que entre en vigor la Ley de Archivos en Sinaloa pudiera darse la sustracción, destrucción o maltrato de documentos por parte de los entes obligados, toda vez que existen ya en vigor obligaciones legales por parte de la Ley General de Archivos que contempla sanciones para quien incurra en esas prácticas.
Aguilera Murgía consideró que una vez que el Congreso del Estado de Sinaloa apruebe la Ley de Archivos de Sinaloa deberá entrar en vigor al día siguiente de publicación, sin dar más plazos legales para su implementación ya que la Ley General los estableció desde junio de 2018.
El presidente de Ceaip celebró que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado haya anunciado el día de ayer que la Ley de Archivos está dentro de la agenda común legislativa para aprobarse en el presente mes de octubre.
En su participación, Jaime Félix Pico, quien encabeza el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip), destacó que este organismo ya inició su proceso de preparación interna para poner en práctica la sistematización de archivos antes de la entrada en vigor de la ley local en la materia, como parte de un esfuerzo para dar el ejemplo a todos los entes obligados en materia de transparencia y rendición de cuentas.