julio 24, 2021 11:54 PM

Por cuarta ocasión, difieren juicio por colchones “podridos”

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Por cuarta ocasión el juicio por los colchones “podridos” se difirió por que los testigos originarios de Jalisco se niegan a viajar por la pandemia, otros tres están contagiados de Covid-19 y a la persona que vendió los colchones no la localizan.

El juicio estaba programado para iniciar la tarde de ayer contra el ex coordinador Administrativo de la Sedesol estatal Carlos Castro Olivas por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

El juicio se difirió debido a que seis testigos que viven en Jalisco no quieren viajar a Culiacán argumentando que no hay condiciones sanitarias y temen contagiarse, y dos agentes investigadores y una perito contable están contagiados de Covid-19.

Además, no pudieron localizar a Francisco Benjamín Landgrave, quien junto con la empresa El Mariachi, supuestamente vendió los colchones.

Francisco Benjamín no fue notificado para que acudiera como testigo debido a que ya no vive en el domicilio que proporcionó.

Según la Fiscalía está persona es amigo de Carlos y no de dedica a la venta de colchones y recibió un pago por un millón 350 mil pesos y otro por 270 mil pesos por la compra de los colchones.

Inicialmente el juicio empezaría el 2 de marzo pasado pero los testigos de Jalisco no acudieron por falta de recursos económicos para trasladarse.

La Fiscalía se comprometió a gestionar recursos para el traslado y se programó para el 23 de marzo pero tampoco se celebró porque días antes del Poder Judicial del Estado suspendió actividades por la pandemia.

La audiencia de inicio del juicio se programó para el 17 de agosto y tampoco se celebró porque dos agentes investigadores y una perito contable que acudirían como testigos estaban aislados por sospecha de Covid-19.

Además los testigos que viven en Jalisco, no quisieron viajar por temor a contagiarse.

La tarde de ayer se volvió a diferir y se programó para el próximo mes porque los tres testigos siguen contagiados y los de Jalisco siguen sin querer viajar.

Los colchones “podridos” fueron entregados en septiembre de 2018 a los damnificados por la depresión tropical 19-E.

En la acusación formal la Fiscalía pidió al Juez imponer una condena de 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación por el delito de peculado; y cuatro años de cárcel e inhabilitación de ocho años por el de negociaciones ilícitas.

Por reparación del daño exigen el pago de 4 millones 554 mil 650 pesos y una multa de 440 días.

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