La pesca ilegal es la mayor amenaza para los mares mexicanos y los pescadores, y no existe una política integral para combatirla. Si bien la transferencia de responsabilidades de inspección y vigilancia a la Secretaría de Marina puede resultar en operativos más eficaces, estas medidas no son suficientes ante la gravedad del problema, expuso Oceana México.
La organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos, expresó hoy su preocupación por la falta de mecanismos y directrices integrales que atiendan las numerosas irregularidades que permean al sector pesquero, a través de un comunicado.
“Indican que las fallas en materia de inspección y vigilancia provienen de problemas estructurales, como un número limitado de personal, recortes presupuestales y la falta de un censo pesquero que dé cuenta del número real de pescadores, embarcaciones, concesiones y permisos”, indicó.
Aunado a lo anterior, señaló que el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables no se ha emitido desde hace 13 años, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad para la aplicación de la ley.
“El problema de la pesca ilegal no es algo nuevo, tampoco son nuevas las deficientes acciones de inspección y vigilancia. Se requiere atender esta crisis de manera estructural, para garantizar que los pescadores realicen sus labores en las mejores condiciones, que nuestros mares no sean sobreexplotados y que los consumidores puedan tomar decisiones responsables e informadas”, explica Renata Terrazas, vicepresidenta de la organización en México.
El pasado 19 de marzo el Grupo Parlamentario de MORENA de la Cámara de Diputados, presentó una propuesta para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y así facultar a la Secretaría de Marina para coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola; tareas que ahora desempeña la Conapesca.
“La transferencia de responsabilidades no atiende el problema de raíz, la forma en la que se está haciendo significa aventarle el problema a otra institución, en este caso, a la Secretaría de Marina. No hay una estrategia clara de combate a la pesca ilegal, carecemos de un reglamento que guíe la implementación y delimitación de responsabilidades, así como un censo que aporte suficiente información sobre la población que se dedica a la pesca”, dijo Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana México.
Oceana apuesta por la creación de un censo sobre las comunidades pesqueras, lo que daría más información para implementar políticas públicas que ayuden al sector y protejan la riqueza marina. También considera fundamental el uso de la tecnología para monitorear constantemente las actividades de las embarcaciones.
Actualmente, México cuenta con el Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), en donde dos mil embarcaciones son monitoreadas en tiempo real por la autoridad pesquera.
Es de esperar que este sistema de vigilancia pasará a la Semar, pero requiere ajustes importantes. Sólo el 2.5 por ciento del total de embarcaciones registradas es monitoreado mediante el SISMEP y la información no es abierta.
Oceana propone incrementar el número de embarcaciones con monitoreo satelital y asegurar la transparencia de la información para visualizar y rastrear la actividad pesquera a través de la plataforma Global Fishing Watch (GFW).
El combate a la pesca ilegal no sólo debe darse en el mar. El producto ilegal atraviesa una compleja cadena de valor y llega a un consumidor final que nunca sabrá si su producto es legal o no.
“Si queremos pesquerías sustentables y combatir la pesca ilegal, necesitamos mecanismos de vigilancia más sofisticados, como una política de trazabilidad que permita dar seguimiento al producto desde la embarcación, pasando por los centros de acopio, almacenamiento, plantas, transporte y hasta puntos de venta; así como sistemas de monitoreo satelitales efectivos”, agregó Renata Terrazas.
