Al ser cuestionada por las críticas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a las estimaciones de la Cepal precisamente sobre pobreza y desigualdad, aseguró que la Comisión es una institución seria cuyos análisis y estimaciones no se preparan para el gusto de los gobiernos, esgrimió que sería relevante aplicar en México un ingreso básico universal de emergencia.
Estimó que si se llega a aplicar por seis meses este apoyo a las familias “incluso de estratos medios”, el costo para las arcas públicas sería de 2.2 puntos del PIB.
Consideró que la recomendación para todos los países de América Latina y el Caribe es aplicar esta medida de ingreso básico universal por un lapso mayor, asumiendo que la recesión y recuperación “será más prolongada de lo estimado”.
Pero admitió que las condiciones fiscales de cada país tienen que ser valoradas por los gobiernos y asumidas en la estrategia. Mantener un ingreso básico universal por más tiempo, para el caso de México podría ser más oneroso y tendría que integrarse como un gasto estructural, reconoció.
Estos apoyos ayudarán a sortear el choque económico que está presentándose, consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Los países que tendrán tasas superiores a la de México de población en pobreza son: Nicaragua (52.7 por ciento); Guatemala (51.6); y Honduras (59 por ciento).
Para la región en general, la funcionaria propuso también que se aplique un bono alimentario, que garantice recursos mínimos para las familias en situación de vulnerabilidad (pobres y de estratos medios).
Consignó que estas medidas claramente deben aplicarse en función de preparar un cambio en el sistema tributario, pues desde mucho antes de la crisis, la Cepal advirtió que los ingresos tributarios regionales eran bajos y las obligaciones regresivas.