mayo 31, 2020 9:42 am

Informa ‘Químico’  sobre su enfermedad y pide flexibilidad a Regidores

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Con fecha del 21 de mayo,  en oficio dirigido al Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento de Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, informa oficialmente que padece el virus Covid-19, cuyo contagio posiblemente se habría consumado desde el nueve de mayo del año en curso, pero su estado físico y mental es el adecuado para cumplir con sus tarea de gobernar la ciudad.

“Les informo que fui diagnosticado con Covid-19, con fecha posible de contagio el nueve de mayo del año en curso, por lo que me encuentro en aislamiento social –no político ni administrativo- en mi domicilio particular cumpliendo con las medidas sanitarias y médicas que corresponden”, enfatiza.

Afirma que su estado físico y mental es el adecuado para cumplir de la mejor manera con la sociedad a la que rinde cuentas, porque así lo siente y así se lo ha informado el médico que monitorea su salud.

Cabe recordar que en dos ocasiones, la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, había pedido mediante oficio al alcalde que informara por escrito sobre su estado de salud, para tomar las decisiones apropiadas al respecto.

“En atención a su oficio número de veinte de mayo de dos mil veinte, en que solicita informe sobre mi salud, así como los diversos servidores públicos, con el objeto de tomar las decisiones apropiadas para los habitantes que acuden al palacio Municipal, así como del propio personal que labora en el mismo…”, comenta.

Como acertadamente, añade, se hace referencia en su oficio, en términos del artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, corresponde al  Presidente Municipal ejercer las atribuciones ejecutivas y representativas, llevar la jefatura política y administrativa de la municipalidad.

“En ese sentido, es que les solicito atentamente que la interpretación de las leyes y reglamentos se haga a la luz de la situación que actualmente impera, es decir, con la flexibilidad de ejercicio de atribuciones que permita sortear eficazmente la emergencia sanitaria y correlativamente cumplir con la obligación constitucional de la que rendimos protesta”, pide.

En su escrito, apela al método de interpretación del que  existe jurisprudencia y se conoce como “interpretación teleológica objetiva” que consiste en establecer qué efecto habría dado el legislador a la ley en esta emergencia sanitaria.

“Considero relevante manifestar, argumenta, que las facultades de la Presidencia Municipal contempladas en el numeral 37 de la Ley de Gobierno Municipal en relación con el artículo 20 del propio ordenamiento legal, implican que para su atención, el presidente municipal se encuentre en la población que representa ya que atención y resolución son inmediatas”.

Agrega que sin que ello signifique que estas encomiendas, deban ejecutarse en un recinto específico, pues ni la Constitución Federal, local ni leyes secundarias, así lo regulan expresamente.

Afirma que por encontrarse en el propio municipio, el despacho de los asuntos los puede realizar cualquier lugar, sin que se pueda reprochar (su) ausencia por no acudir físicamente al inmueble en que está asentado el Ayuntamiento de manera oficial.

Considera que dichas disposiciones no pueden ser analizadas bajo el mismo matiz que antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria, ya que el contexto o realidad social ha cambiado drásticamente por la que interpretación de las normas jurídicas debe realizarse con el fin que ciertamente persiguen, que regular la vida de la sociedad.

“De ahí, que si el principal fin del derecho y las normas jurídicas es regular la vida de las personas que viven en sociedad, es inconcuso (sic) que se interpretan acorde con la situación que impera en el momento en que se aplican, pues de otra manera dichas normas serían anacrónicas por no satisfacer el fin para el que fueron creadas”, destaca.

En cuanto a la petición de que informara sobre los servidores públicos que también habrían dado positivo al virus Covid-19, dice que tiene la misma información que ha circulado por redes sociales o por terceras personas.

Advierte que ninguna autoridad municipal cuenta con atribuciones para ventilar el estado de salud de persona alguna, pues la reserva de la información es un derecho fundamental a la intimidad y no discriminación resguardado en la Carta Magna y los Tratados Internacionales.

“De ahí que si un funcionario público presenta síntomas o es diagnosticado con el virus Covid-19, está dentro del ámbito del principio de autoprotección y responsabilidad de que cada uno de ellos se someta al tratamiento de aislamiento y médico que corresponde”, señala.

Lo anterior, implica continúa, que si alguna persona sabiendo que padece algún mal grave y transmisible ponga por cualquier medio en peligro de contagio la salud de otro, podría incurrir en el hecho que la Ley señala como delito.

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24 de mayo del 2020
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