Las 15 empresas que adeudan en conjunto unos 50 mil millones de pesos en contribuciones fiscales que han sido mencionadas esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciaron pláticas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El propósito es llegar a un arreglo antes de iniciar cualquier disputa jurídica, revelaron fuentes hacendarias al diario La Jornada.

El monto de adeudos por 50 mil millones de pesos corresponde al ejercicio fiscal de 2018 hacia atrás, según las fuentes consultadas.

Los 50 mil millones de pesos que el SAT reclama a estos grandes contribuyentes incluyen recargos y multas, porque en algunos casos las empresas retenían el IVA, no lo entregaban al fisco y esos recursos los capitalizaban, explicó la fuente.

Estas 15 empresas no son necesariamente las que encabezan la lista de las compañías que más privilegios obtuvieron en los dos sexenios pasados en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de acuerdo al listado dado a conocer en octubre de 2019 por Fundar, Centro de Estudios.

En aquella ocasión, Fundar reveló, con base en datos oficiales, que entre las empresas o personas morales que obtuvieron beneficios o privilegios fiscales sobresalen Kimberly Clark, con 44 millones 415 mil pesos; Kansas City Southern de México, con 5 millones 875 mil; Bimbo, 2 millones 95 mil; Iusa, 414 millones 100 mil pesos; Banco JP Morgan, 3 mil 935 millones; Casa Sauza, 171.5 millones; Alstom, 38 millones 512 mil pesos; Ahmsa, 601.1 millones, y Azteca Holdings, con 279 millones de pesos, entre otras.

Los encuentros con los deudores de los 50 mil millones ya  se realizaron, se habló con la mayoría de las 15 empresas y se está operando directamente entre la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el primer círculo de esas compañías, se logró conocer.

La intención es no llegar a instancias jurídicas, pues de acuerdo con cifras oficiales, el monto que actualmente está en disputa es de un billón 145 mil millones de pesos de personas morales, en su mayoría que recurren a litigios y amparos para no pagar lo que por ley les corresponde.

Estos recursos equivalen a todos los programas sociales prioritarios de esta administración por casi seis años, o al presupuesto del sector salud por año y medio (considerando IMSS, Issste y Ssa), o al presupuesto de educación por dos años (incluyendo el presupuesto destinado a las entidades federativas).

Mientras una persona física asalariada paga 35 por ciento de sus ingresos, los grandes contribuyentes sólo pagaron en promedio 2.2 por ciento entre 2013 y 2018.