Jueza ordena llevar por la fuerza a Ernesto Echeverría a declarar

Ernesto Echeverría

La Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada ordenó que la policía lleve a declarar por la fuerza al ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro.

El ex funcionario es testigo en el juicio contra la ex directora Administrativa de la Secretaría de Salud, María Alejandra Gil Álvarez.

Echeverría debía presentarse el jueves pasado pero no acudió por lo que fue citado para hoy y tampoco se presentó.

La defensa de Gil Álvarez pidió que lo citaran de nueva cuenta para el miércoles.

La Jueza señaló que ya lo habían citado en dos ocasiones y no atendió los llamados por lo que ordenó que se solicitara apoyo a la corporación policial que corresponda para que lo hagan comparecer mediante el uso de la fuerza.

De acuerdo con la Jueza el fin de semana un actuario acudió a notificar a Echeverría en su domicilio pero no nadie atendió por lo que se le dejó un aviso que al día siguiente volverían y la hora.

Un día después el actuario regresó y nadie atendió por lo que dejó el citatorio pegado en la puerta.

El testigo, indicó, fue citado de manera legal por lo que “se ordena sea conducido por medio de la fuerza pública”.

Echeverría Aispuro estaba imputado en la misma causa penal pero obtuvo una suspensión condicional del proceso y tras pagar 7 millones de pesos como reparación del daño evitó llevar al juicio oral.

La Fiscalía General del Estado acusó a los ex funcionarios de presuntamente asignar un contrato de 14 millones de pesos para prestación de servicios de imaginología sin licitación por lo que los pagos resultaron ilegales a la empresa Herramientas Médicas.

De acuerdo con la FGE no justificaron la excepción de la licitación, ni realizaron un estudio de mercado y tampoco solicitaron cotizaciones a proveedores.

En la audiencia de hoy, la defensa llevó testigos para acreditar que sí se justificó la excepción de la licitación, sí hubo estudio de mercado y sí se solicitaron cotizaciones.

Uno de los testigos es el ex Director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, quien también estuvo involucrado pero la FGE le retiró las acusaciones.

Al sentarse en la silla de los testigos, Otáñez dijo a la Jueza que deseada guardar silencio a las preguntas que le harían.

La Jueza respondió: “no viene como acusado, tiene el deber de declarar, es una obligación”.

Otañez García declaró que él hizo el documento para justificar y motivar la no procedencia de la licitación pública para la contratación de los servicios.

De hacerse una licitación, indicó, los servicios de imagenología se abrían suspendido por varios meses en los hospitales generales, por eso era urgente asignar el contrato.

El ex jefe del departamento de servicios generales también acudió como testigo y declaró que se asignó ese contrato a Herramientas Médicas porque desde el año anterior ya prestaba el servicio y ofreció el mismo precio.

Señaló que sí se solicitaron cotizaciones a tres proveedores y que fue él quien la pidió y las recibió.

La ex subdirectora de Recursos Materiales declaró que ella hizo un cuadro comparativo con los precios que ofertaban los proveedores derivado del estudio de mercado.

Mencionó que participó en la integración del expediente para la asignación del contrato y la reunión en la que se decidió asignarlo.

Aseguró que el proceso cumplió con los requisitos que marca la Ley para exceptuar la licitación.

Los dos ex funcionarios de los Servicios de Salud dijeron que la contratación fue auditada por la Auditoria Superior de la Federación por tratarse de recursos federales y no hubo ninguna observación.

El juicio continuará mañana con la declaración de las auditores y auditoras de la Auditoria Superior del Estado que participaron en la auditoria que detectó la presunta irregularidades.

 

 

 

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