Quirino Ordaz Coppel ya no quiere saber más del colapso del Tiburonario en Mazatlán. Fue desde Gobierno del Estado donde fraguó la propuesta de terminar con una negociación en el caso que se llevó a los tribunales por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En la edición 875 del Semanario Ríodoce se documentó cómo en una audiencia, los imputados de presuntamente realizar licitaciones a modo para la construcción del Tiburonario que colapsó, obtuvieron una suspensión condicional del proceso y libraron el juicio oral en el que de ser declarados culpables, podían ser sentenciados a prisión.
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Eso sucedió después de que aceptaron una “oferta” para solo retirar el acrílico dañado y tapar con concreto el área que provocó el colapso del inmueble el 1 de febrero de 2017.
Los tres implicados son Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; Armando Trujillo Sicarios, ex jefe del Departamento de Concursos; y José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos.
Sin embargo, antes de esa negociación la Fiscalía Anticorrupción ya había preparado tres solicitudes por escrito ante el juez, las cuales se incluyeron en el expediente.
De Dionisio Sánchez Félix se documentó que laboraba para Gobierno del Estado desde 2011 y por lo tanto se pedían siete años de cárcel, 13 años de inhabilitación para realizar cualquier cargo o comisión en el servicio público y una multa por 24 mil 180 pesos.
Para Armando Trujillo Sicairos —de quien se estableció tener una carrera en Obras Públicas desde 1995—, y para José Luis Ulloa Miranda, se solicitó la misma pena que Dionisio Sánchez.
La propuesta ya era conocida por la defensa de los tres implicados, quienes después escucharon otra oferta de Gobierno del Estado, la cual no se rechazó, debido a que la suspensión condicional del proceso les hará evitar una condena y, por lo tanto, una mancha judicial.
“El Gobierno del Estado manifiesta su interés para que el daño sea resarcido y que se beneficie la paramunicipal Acuario Mazatlán. Se está en la mejor disposición de aceptar la propuesta”, dijo el apoderado legal de Gobierno del Estado en esa audiencia.
Por el colapso del Tiburonario el 1 de febrero de 2017, la ASE hizo una fiscalización especial, la cual desembocó en una serie de promociones de responsabilidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Transparencia.
La acusación ante la Fiscalía Anticorrupción fue el haberse avalado dos actas de fallo, en las que los ganadores no cumplieron con las bases y violaron el reglamento de Obras Públicas del Estado, según señalaron la Auditoría y la Fiscalía.
La primera licitación fue la N55-2013El, el 13 de septiembre de 2013 a favor de la empresa Osuna y Osuna Arquitectura, propiedad del arquitecto Omar Osuna Osuna.
En ese proceso se desecharon las propuestas técnico-económicas de las firmas Construcción, Mantenimiento y Servicios de Sinaloa SA de CV y la de Grupo Constructor Pelícano, SA de CV, pese a que sus propuestas eran de menor costo.
El segundo fallo se dio a conocer el 31 de mayo de 2016, cuando se anunció que Grupo Ecosistemas de México SA de CV, del empresario Antonio Roberto Becerra González, ganó la licitación E12-2016 y se desecharon propuestas de Constructora Marli, SA de CV; de Carlos Arturo Toalá Camacho, Constructora Sectsa, SA de CV, y Mazurbanizadora, SA de CV.
Las irregularidades en las contrataciones se investigaron también por la Fiscalía Anticorrupción, que corroboró dichas acusaciones y las llevó a los tribunales.
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El caso tuvo distintos tropiezos, entre ellos el que un juez de control desechara incluir en el proceso de juicio a Carlos Ramón López Castro, ex director de Contratos, luego de que se estableciera que no había suficientes datos de prueba para procesarlo.
Por este caso ya se indicó que hay órganos fiscalizadores detrás de distintas pistas y, al menos dos ya prepararían sanciones administrativas y penales contra distintos actores que participaron en el proyecto.
Uno de esos organismos es la Fiscalía Anticorrupción, que aceptó tener abierta la investigación en dos etapas más: la de supervisión de la obra y la del colapso, pero estas podrían quedar sin efecto después de que los implicados en la contratación irregular reparen el daño entero.
Hay también en la ASE dos asuntos relacionados con conceptos de Obra Pública y el Tiburonario, uno que requiere inspección física y otro en proceso de dictamen en el área de Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento (AEPIS), según se detalló por la Auditoría Superior del Estado.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas había hecho el anuncio de una nueva sanción, en la que se implica a una persona, quien estuvo a cargo de la supervisión de la última etapa de la construcción.
La sanción será solo administrativa, pero tras ésta podrían desencadenarse otras sanciones, en las que no se descarta que se involucre a otros ex funcionarios, como al ex Secretario de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez.
Artículo publicado el 17 de noviembre de 2019 en la edición 877 del semanario Ríodoce.
