Artículo 19 llamó al gobierno estatal a garantizar la libertad de expresión ante la amenaza del ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa de emprender acciones legales en contra de las organizaciones Iniciativa Sinaloa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y al periódico Noroeste por la publicación del reportaje “Operación Desfalco Sinaloa”.

“A través de una misiva dirigida a Noroeste y su director, Adrián López, Labastida niega los hechos descritos en el reportaje ‘Operación Desfalco Sinaloa’ y advierte que buscará apoyo legal para buscar ‘la forma de demandarlos por calumniar, mentir y dañar’ el prestigio personal del ex candidato a la Presidencia”, señala el organismo.

El reportaje en cuestión aborda la manera en que 16 funcionarios y políticos de Sinaloa se pudieron haber beneficiado de sus posiciones de privilegio para obtener contratos o subsidios públicos para sus empresas familiares. En el caso de Francisco Labastida Ochoa, el reportaje describe la manera en que su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se benefició con subsidios a su empresa Agri 27 y arrendamientos de propiedades al gobierno municipal de Culiacán y estatal de Sinaloa.

“La figura de difamación ha sido utilizada tanto por agentes estatales como por particulares para intimidar o castigar a medios y periodistas que evidencian prácticas de corrupción y trafico de influencias. Aunque la difamación no es considerada un crimen en el estado de Sinaloa, la amenaza de emprender acciones legales en contra de las organizaciones, medio y periodistas involucrados en la investigación de “Operación Desfalco Sinaloa” es un acto que busca inhibir el ejercicio periodístico y silenciar a sus autores”, añade.

“Ante este panorama, ARTICLE 19 hace un llamado al Gobierno de Sinaloa para que, en su calidad de garante de la libertad de expresión, brinden las condiciones idóneas para el desarrollo del ejercicio periodístico en la región.

“Además, ARTICLE 19 hace un llamado al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que en caso de concretarse la pretensión de iniciar acciones legales contra los autores y promoventes de ‘Operación Desfalco Sinaloa’, utilicen criterios que prioricen el derecho de estos a investigar y difundir información de interés público”.