Un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete militares que participaron en el supuesto enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, y que derivó en la muerte de 22 presuntos delincuentes.

Funcionarios federales informaron que el Sexto Tribunal Unitario con residencia en el Estado de México resolvió que los soldados deben enfrentar el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Asimismo, tres de los siete militares tienen causas penales por el delito de homicidio calificado. Ellos son Fernando “Q”, Roberto “A” y Leobardo “H”, informó Milenio.

En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca, ordenó liberar por “falta de elementos para procesar” a tres militares, señalados como presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos. Antes, otros militares también quedaron en libertad por falta de elementos.

La resolución del tribunal, referente a libertad de los soldados no era impugnable, pero en la sentencia el magistrado dejó claro, que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”, es decir, el caso no estaba cerrado y nadie había sido exonerado porque no pudieron ser juzgados.

En su momento, la Procuraduría General de la República se comprometió a efectuar todas las diligencias que fueran necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos quedaran impunes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que de los 22 presuntos delincuentes que murieron, se podía presumir que 15 de ellos fueron ejecutados por militares, cuando ya se habían rendido.