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FGE asegura que no hay ordenes de aprehensión pendientes contra ex funcionarios

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La Fiscalía General del Estado aseguró que no existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra ex funcionarios estatales y municipales como dio a conocer la Auditoría Superior del Estado.

En el Informe de Atención y Solventación de Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, la ASE señala en un apartado el estado en que se encuentran las denuncias presentadas ante la FGE.

El documento señala que están pendientes de ejecutar 45 órdenes de aprehensión, de las cuales 30 son contra funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, nueve del Ayuntamiento de El Fuerte, tres de Navolato, uno de Rosario, uno de Angostura y uno de Mocorito.

En un comunicado la FGE negó que existan las órdenes de aprehensión.

“A la fecha, esta Fiscalía sinaloense no cuenta con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por hechos de corrupción, tal como se describe en el informe que se cita, por lo cual es imperante señalar que la información no corresponde a los datos reales y actuales en los procesos con los que cuenta esta institución de procuración de justicia, los cuales se iniciaron derivados de denuncias presentadas por la ASE en los periodos 2013 al 2016”, señala la FGE.

Menciona que “en este contexto, ratificamos que la información que se ventila derivado de dicho informe, es errónea, toda vez que esta Fiscalía General no solicitó dichas ordenes de aprehensión, ni tampoco las tiene vigentes, ya que estos datos correspondieron a procesos instaurados en un periodo distinto, los cuales ya fueron determinados por el órgano jurisdiccional correspondiente”.

Señala que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue creada con fecha del 6 de febrero del año 2018, y ahí se han radicado denuncias por delitos cometidos por servidores públicos como consecuencia de actos de corrupción.

“Ante la función que se desarrolla al desempeñar actos de control de constitucionalidad, estos se llevan a cabo con el debido respeto a los derechos de terceros, con el alcance de las atribuciones y funciones de las instancias de autoridades públicas, por lo que ejercemos un control eminentemente jurídico y no político”, indicó.

 

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