¿Qué tienen en común la familia De Nicolás, los Canelos, Valenzuela Romero, Ley, Lizárraga, De la Vega Echavarría, Angulo Valdez, Murillo Rogers y Bátiz Esquer? Que forman parte del grupo de empresarios más importantes de Sinaloa y también de la élite nacional a la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó y/o canceló millones de pesos en impuestos.
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En una revisión parcial a la extensa lista de 7 mil 885 personas y empresas difundida por el centro de análisis e investigación Fundar, obtenida tras cuatro años de litigios y que abarca de 2007 a 2015, de Sinaloa sobresale la empresa Jova Granos, SA de CV, de la familia Valenzuela Romero, a la cual el SAT le canceló 289 millones 437 mil 947 pesos en 2012; y Prozucar, SA de CV, de la familia Canelos Rodríguez y De la Vega Echavarría, que recibió una condonación de 147 millones 915 mil 937 pesos en 2008.
Ambos fueron otorgados por el SAT durante la administración del presidente Felipe Calderón, la más benévola para los empresarios sinaloenses.
Jova Granos, una empresa quebrada
En 2012, cuando Calderón se preparaba para ceder la silla presidencial a Enrique Peña Nieto, la empresa Jova Granos, SA de CV, fundada en 1999 por Exiquio Valenzuela Ramos y Guadalupe Rodríguez Ramos y de la que hoy son socios Joel Augusto, Viridiana y Martha Guadalupe Valenzuela Romero, de acuerdo al Registro Público del Comercio (RPC), recibió un regalo. El SAT le canceló 289 millones 437 mil 947 en impuestos.
La cancelación se basó en los supuestos previstos en el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación entonces vigente, que señala que “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios”.
Los créditos de cobro incosteables son aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20 mil unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75 por ciento del importe del crédito, así como aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe.
Los deudores insolventes, de acuerdo al artículo, son aquellos que se quedaron sin bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución.
Es decir que la empresa Jova Granos, SA de CV, que ese año cumplía su 13 aniversario se declaró insolvente y recibió un perdón fiscal del gobierno, pese a que ese mismo año los hermanos Valenzuela Romero, en conjunto con otros familiares de apellido Valenzuela Parra y Valenzuela Ibarra, abrirían en Sonora otra empresa de giro similar: Granos Cajeme, SA de CV., la cual continúa operando a la fecha.
Pero esa no fue la única ocasión que Jova Granos recibió una ayudadita, en 2007, durante el primer año de Calderón también recibió una condonación de 2 millones 741 mil 222 pesos en impuestos, pese a que un año antes la Administradora Local de Recaudación le decretó una orden de embargo por poco más de 450 mil pesos.
Actualmente el negocio especialista en la compra, venta, producción, comercialización, distribución, importación y exportación de cereales, semillas, frutas, legumbres, aceites y grasas vegetales y animales que preveía funcionar 99 años, finiquitó operaciones, después de un proceso de disolución y liquidación de la sociedad que inició en 2014.
Los socios de Jova Granos también buscaron recuperar 739 mil pesos de impuestos pendientes en 2015, pero no lo lograron al no poderlos comprobar, de acuerdo a una acta de asamblea publicada en el Registro Público del Comercio.
Otras empresas de la familia que ha incursionado en el giro inmobiliario, construcción, transportes, crediticio, entre otros, también han sido favorecidas por el SAT.
En 2007 Corporación de Granos SA de CV recibió una exoneración de 3 millones 673 mil 700 pesos en impuestos y Jova Graneros, SA de CV dos más por 862 mil 089 pesos en 2007 y 2010. Ambos negocios siguen operando, al igual que una decena más propiedad de la familia Valenzuela, una de las cuales, Jojorova, S, de RL. De CV., apenas se aperturó en 2018.
El corporativo Jova, según consta en el portal de la empresa, fue fundado en 1983 para el financiamiento, el acopio, el almacenamiento y la comercialización de granos en Culiacán y adoptó el nombre de las dos sílabas del nombre y apellido del fundador Joel Valenzuela. Actualmente cubre todo el territorio nacional y 50 países.
En el caso de Jova Graneros, en 2015 recibió el Premio Nacional de Exportación de manos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y este año fue acusado por el presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP), Agustín Espinoza de realizar cobros por debajo de los acordados en el acopio de maíz.
De la Vega Echavarría, otros de los ganadores
En 2013 un escándalo a nivel nacional reveló que la empresa agrícola Bioparques de Occidente, SA de CV, propiedad del sinaloense Eduardo de la Vega Canelos, hijo de Eduardo de la Vega Echavarría, mantenía en situación de esclavitud a 275 jornaleros en Jalisco, por lo que recibió una multa de 8 millones 580 mil 700 pesos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Dicha suma resultó irrisoria, comparada con los 156 millones 422 mil 784 pesos que el SAT de Felipe Calderón les perdonó a tres empresas de la familia De la Vega Echavarría, y de los cuales 147 millones 915 mil 937 pesos correspondieron a la condonación a Prozucar, SA de CV, (en sociedad con Constantino Canelos Rodríguez).
El resto fue condonado a Impulsora Azucarera del Noroeste, SA de CV y a Agricultores Unidos del Río Pánuco, SA de CV, esta última en sociedad con Caliroy Canelos Rodríguez.
La familia De la Vega Echavarría, de acuerdo al Registro Público del Comercio posee más de 20 empresas del giro agrícola, industria azucarera, inmobiliario y de la construcción principalmente, la mayoría con sede en Culiacán, siendo las más importantes Agrícola La Primavera y Zucarmex.
De acuerdo a Fundar, las exenciones de impuestos fueron implementadas por el gobierno calderonista y de Peña Nieto para que los deudores pagaran una parte de los impuestos que debían a cambio de perdonar el resto con el fin de incrementar la recaudación, pero en realidad fueron “amnistías fiscales diseñadas para beneficiar a los grandes contribuyentes”.
Bajo ese esquema, los hermanos Constantino y Alejandro Canelos Rodríguez también se beneficiaron como personas físicas con condonaciones por 25 millones 991 mil 354 pesos en 2007.
El Corporativo Ba y Ba, SA de CV, de Guillermo Bátiz Esquer también recibió una cancelación de créditos fiscales por 13 millones 242 mil 037 pesos en 2011.
De Nicolás, entre la benevolencia y las acusaciones
La familia De Nicolás, conocida principalmente por sus negocios inmobiliarios y de construcción como el corporativo Homex, que en 2018 fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de falsificar las ventas de más de 100 mil casas para aumentar los ingresos en 3 mil 300 millones, fue otra de las privilegiadas por las condonaciones del SAT.
Dos de las empresas familiares, Operadora de Inmuebles PICSA, SA de CV y Altos Mandos de Negocios SA de CV recibieron condonaciones en 2008 y 2013, respectivamente, por 16 millones 031 mil 778 pesos.
Al inicio de la actual administración estatal, Quirino Ordaz Coppel compró el edificio Homex, ubicado en esta ciudad por 174 millones de pesos para mudar ahí las oficinas de gobierno, permitiendo que la empresa de la familia de Nicolás Gutiérrez, encabezada por Gerardo, Eustaquio y José Ignacio permaneciera ahí durante cinco meses sin pagar renta. Hasta el momento dicho edificio sigue sin ser utilizado.
Abarroteros, agricultores, restauranteros, otros beneficiados
Las condonaciones del SAT también llegaron a empresarios, abarroteros, agricultores y restauranteros de Sinaloa, como la cadena comercial de la familia Ley, que recibió condonaciones por 6 millones 149 mil 135 pesos entre 2008 y 2013, mientras que la empresa Del Campo y Asociados, SA de CV de Diego Ley, por 3 millones 720 mil 408 pesos.
Los MZ (Almacenes Zaragoza, SA de CV), actualmente cerrados en medio de acusaciones por incumplimiento de pagos de empleados y proveedores, también fueron beneficiados con la condonación de 2 millones 856 mil 548 pesos en 2007 y 2008.
Empresas de la familia Kuroda San, como es Kuroda, SA de CV e Interambientes Cerámicos, SA de CV, recibieron exoneraciones de impuestos por más de un millón 900 mil pesos.
Para Fetasa de Mexicali, SA de CV, de los hermanos Murillo Rogers, la condonación por parte del SAT durante el primer año de Enrique Peña Nieto, ascendió a un millón 876 mil 199 pesos.
Artículo publicado el 13 de octubre de 2019 en la edición 872 del semanario Ríodoce.
