“La pesca quedó fuera del Plan Nacional de Desarrollo, que no quede fuera del presupuesto”, lamentó un pescador del Parque Bonfil mientras se dirigía al barco donde zarparía este lunes a las cero horas.

El 8 de agosto, la flota pesquera más importante del país se sumó a la manifestación nacional que líderes del sector hicieron en la Ciudad de México y los principales puertos.

La principal petición fue que la federación aportara un subsidio para el diésel marino, que desde el gasolinazo del 2017 no les permite hacer rentable la actividad.

Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico Mexicano cedió, al igual que sus homólogos, a levantar el plantón que mantuvo por horas en las oficinas de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) con sede en Mazatlán, a cambio de participar en mesas de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Pero a más de un mes ninguna autoridad federal ha resuelto la petición del subsidio para combustibles, ni los otros cuatro puntos del pliego petitorio.

Aunado a esto, la reducción del presupuesto de egresos, dijo Lizárraga Manjarrez, para el próximo año se contará solo con la tercera parte de lo que se tuvo en 2018 pues en 2019 se le recortó 1 mil millones de pesos, si fuera a quedar así, como se está proponiendo.

La flota pesquera del litoral del Pacífico cuenta con 274 embarcaciones y tiene representación en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chiapas y Oaxaca, y la principal debilidad a la que se enfrentarán es la inspección y vigilancia.

En la época de veda no hubo la suficiente vigilancia por la falta de presupuesto, señaló.

Conapesca con un presupuesto suficiente contrataría más oficiales y estaría en posibilidad de hacer convenios más amplios con la Secretaría de Marina, consideró.

“Como se hacía en administraciones pasadas, la flota pesquera hacía convenios con armadores para apoyar la vigilancia en las bocabarras, se ponía un barco camaronero con oficiales de pesca y de la Marina con una lancha para vigilar, además, que las embarcaciones menores no salieran a capturar, sí podían hacerlo para otras pesquerías que no estuvieran en veda, pero vigilando el recurso”, indicó.

No hubo una vigilancia como se necesita, no hubo apoyo ni los convenios para poder vigilar las bocabarras en los estados, reiteró.
De manera atípica, este año las acciones de vigilancia estuvieron ausentes, expuso.

La federación debería de apoyar la vigilancia, porque es un área clave de la que dependen muchas personas.
Actividad a la deriva

En avituallamiento, mantenimiento, pago de permisos, licencias y seguros, la salida de un barco camaronero tiene un costo de entre 1.2 y 1.5 millones de pesos, estimó para un mes.

El líder pesquero dijo que la primera salida sí la ven con un poco de optimismo, pero la segunda y las sucesivas no, pues gradualmente el recurso se irán reduciendo hasta en un 50 por ciento y los viajes serán menos redituables.

“Esto hace que el pescador solo tenga un mes de trabajo con seguridad social”, precisó.

La tonelada de camarón de exportación tiene un precio promedio de 180 pesos, pues hay medidas que se cotizan en 300 y otras 140, precios que se estima.

Los promedios históricos de las capturas, según el Inapesca, dijo, sí han sido bajos, sin embargo el esfuerzo pesquero de las embarcaciones de altamar han bajado en más de un 50 por ciento por el programa de retiro voluntario que lanzó Conapesca.

Y bajarse del barco para buscar otra ocupación no es una opción viable, pues la edad y la poca experiencia en otros oficios, limitan el mercado laboral de los pescadores, dijo.

“Hace falta que se le transmita más a la cabeza de este país, que es el presidente de la República, que en este sector hay problemas que no se van a poder solucionar nada más por la buena voluntad de las instituciones que nos representan, creo que el presidente le debe dar atención suficiente y herramientas para que hagan un trabajo eficiente”, consideró.

“Todos esperábamos algo diferente, un cambio para mejorar, sin embargo la experiencia que tenemos en estos meses pues no ha sido lo mejor de todos los años; hay problemáticas añejas, como el combustible, que desde 2017 estamos luchando por un precio competitivo”, expuso.

Siempre la gente sale a pescar con mucha fe, ánimo y pidiéndole a Dios que a todos les vaya bien con las capturas y que las familias que dependen de esto sean beneficiadas, dijo, y se alcance a recuperar la inversión.

Lizárraga Manjarrez calculó que son 2 mil 200 familias, unas 10 mil personas, las que dependen de la buena temporada, tan solo en el litoral del Pacífico.

Y los 17 estados costeros del país están en la misma situación, agregó.

“Mazatlán es el municipio más importante a nivel nacional ya que hay alrededor de 500 embarcaciones pesqueras de las 1 mil 069 que hay en el país, por eso la insistencia para que se atienda”, aseveró.

Artículo publicado el 29 de septiembre de 2019 en la edición 870 del semanario Ríodoce.