Rogelio Barragán Pérez, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el municipio de Zacatepec, Morelos, el 30 de julio, colaboraba con el medio Guerrero al Instante.

Edgar Alberto Nava López, asesinado el 2 de agosto en Zihuatanejo, Guerrero, dirigía el medio digital La Verdad de Zihuatanejo, además de desempeñarse como funcionario del gobierno municipal. Según la información recibida por la Oficina de la ONU, Nava López, así como otros periodistas de la zona, habrían recibido amenazas previamente por su labor periodística.

Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el 2 de agosto en Actopan, Veracruz, colaboraba con el periódico El Gráfico, de Xalapa. El señor Ruiz había denunciado con anterioridad ataques y amenazas en su contra ante la fiscalía estatal y contaba con medidas de protección otorgadas por las autoridades estatales.

Con los asesinatos de los tres periodista, ya son al menos 10 los periodistas asesinados durante 2019. En 2018, la ONU-DH registró el asesinato de al menos 12 periodistas y la desaparición de otro.

A estos asesinatos se suman otros ataques contra medios de comunicación como el ataque contra las instalaciones de El Monitor de Parral el miércoles 31 de julio, en el que, si bien no perdió la vida ninguno de sus colaboradores, sí estuvieron en riesgo.

Ante estos hechos el medio de comunicación anunció su intención de dejar de publicar información relacionada con temáticas como seguridad o crimen, lo cual demuestra el efecto que este tipo de agresiones tiene sobre la libertad de expresión y sobre el derecho de la sociedad a acceder a información.

La ONU-DH llama a que estos asesinatos y agresiones sean debida y exhaustivamente investigados a la brevedad, y los responsables rindan cuentas ante la justicia. En dichas investigaciones deberán agotarse todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística, y tomar en cuenta las amenazas y ataques previos que se habían producido, e incluso denunciado, en algunos de los casos.

“La situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México continúa siendo muy preocupante” afirmó Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

“Por un lado, valoramos los esfuerzos de fortalecimiento del mecanismo de protección, nuestra Oficina apoyó con un diagnóstico. Por otro lado, consideramos que otras acciones son igualmente necesarias, fundamentalmente en el ámbito de la lucha contra la impunidad. Poner fin a ésta será la mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística,” agregó el Jan Jarab.

La ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con las familias, colegas y amistades de Rogelio Barragán Pérez, Edgar Alberto Nava y Jorge Celestino Ruiz y llama a las autoridades a adoptar las medidas de protección y atención necesarias en cada caso.