Por una relación de respeto mutuo que contribuya al ejercicio pleno de las libertades por el bien de la sociedad y por una Ley General de Publicidad Oficial que sea clara en los criterios de asignación de recursos públicos, el
Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión hizo hoy un pronunciamiento público.

“A propósito de las recientes declaraciones del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en torno a los periodistas y su función social, externamos el siguiente pronunciamiento: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70, fracción XXIII, establece que las entidades federativas deben poner a disposición del público información sobre “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña”.

A su vez, la publicidad oficial debe utilizarse para que los gobiernos informen sobre los programas y servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, así como para fomentar la transparencia gubernamental, el derecho a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”.

El escrito indica que en ningún momento, la contratación de un servicio publicitario en un medio de comunicación debe intervenir, limitar o impedir la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía y de sus periodistas.

Al respecto, la Ley General de Comunicación Social establece, en su artículo 6o., que “los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental, en términos de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Como referencia, vale la pena señalar que el artículo 7o. de la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, publicado el pasado 16 de abril de 2019, prohíbe que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal hagan uso de propaganda gubernamental cuando tenga como fin presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación. Tampoco se permiten erogaciones por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos ni otorgar recursos públicos encubiertos que beneficien, directa o indirectamente, a los medios de comunicación.

Todas las disposiciones legales mencionadas responden a un mandato de transparencia y rendición de cuentas del recurso público.

“Con preocupación, el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión ha documentado declaraciones de parte del Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, contrarias a dichos ordenamientos jurídicos”, se señala.

Y es que el pasado 25 de mayo, Benítez Torres anunció que publicará la lista de medios de comunicación con los que su administración tiene convenios publicitarios, después de considerar que se le critica injustamente y que solo se publica lo malo, postura que reiteró en el marco de un evento público este lunes 27.

En este contexto, es oportuno recordar que la publicidad es un servicio de tipo mercantil y no debe implicar la compra de criterios editoriales de los espacios informativos. El alcalde está obligado a dar a conocer los contratos bajo criterios de transparencia según lo establece la Ley. Sin embargo, se observa que en este caso la motivación es la de intimidar, manipular y mal informar.

“Recordemos que la labor de un periodista consiste en investigar, documentar e informar a la ciudadanía sobre temas de interés público en un marco de respeto a los derechos humanos y constitucionales, aunque esto no sea del agrado de la autoridad”, se asentó.

El periodismo contribuye a la libertad de expresión y al acceso a la información que se reconocen como un derecho ciudadano en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, los discursos y acciones que tengan por objetivo coaccionar, obstaculizar, o amedrentar el libre ejercicio periodístico se contraponen a Ley, favoreciendo la opacidad y la corrupción, además de limitar el uso pleno de las libertades.

En este sentido, el Colectivo hace un respetuoso llamado a la autoridad municipal para que se abstenga de violentar las leyes y de obstaculizar el ejercicio periodístico.

“Vemos con preocupación que durante la presente administración se han incrementado las expresiones de odio contra el gremio y las acciones que inhiben el derecho a la información y a la libre expresión”.

La integridad de los comunicadores se pone en riesgo ante las frecuentes denostaciones públicas y acusaciones no sustentadas por parte del Alcalde y de algunos miembros de su gabinete, las cuales ya han sido documentadas y denunciadas de forma pública por este Colectivo.

“Exigimos un alto a las agresiones y reiteramos que la violencia en cualquiera de sus formas no debe normalizarse ni alentarse por mínima que parezca, mucho menos si estas provienen de la autoridad, cuya responsabilidad es garantizar, proteger y promover el respeto a los derechos humanos”.

Las actitudes, las acciones y las palabras sí importan en un contexto de violencia como el que vivimos actualmente en nuestro país.

Por Ley, las autoridades de los tres niveles de Gobierno están obligadas a informar cuánto gastan en la publicidad oficial que se difunde a través de los medios de comunicación.

Esta medida debe ser estrictamente un acto de transparencia y rendición de cuentas, y no un mecanismo de control, coerción y/o manipulación de la labor informativa para favorecer un interés político, económico, personal o de cualquier otra índole.