Por la resistencia de comunidades indígenas y las mermas económicas que han generado las reformas a leyes de ingresos municipales, la empresa TransCanada canceló la instalación de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, después de tres años de realizar el proyecto, informó su filial en México, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca.

Los gasoductos llevarían el combustible del Golfo de México a la zona centro del país, región con mayor demanda del energético, debido el creciente impulso que ha tenido la industria manufacturera en la región, de acuerdo a La Jornada.

TransCanada aseguró que la cancelación del Tuxpan-Tula fue resultado de extorsiones de pobladores del norte de Puebla, zona en la cual se llevaría a cabo la obra, cuyos habitantes demandaban reparaciones a la compañía.

En un comunicado, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca aseguró que las peticiones de grupos sociales opositores al proyecto atentaron contra la viabilidad del proyecto.

Las exigencia de los habitantes se acercaron al punto de ser extorsiones, subrayó la firma canadiense sin ofrecer más detalles. Además, agregó, la empresa tuvo que enfrentar costos elevados para la obtención de permisos, debido a que las autoridades municipales hicieron cambios para exigir más recursos de forma discrecional.

La trasnacional invertiría en ambos proyectos mil millones de dólares, de los cuales 400 millones estaban destinados al gasoducto Tuxpan-Tula, obra de 263 kilómetros de tuberías que atravesaban 479 comunidades de los estados de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

La obra tenía que empezar en octubre anterior; sin embargo, estaba detenida una tercera parte por la resistencia de los pueblos originarios, los litigios y la existencia de zonas arqueológicas en el trazo.

En un comunicado, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca admitió que cedió a la presión de los pueblos originarios.

La misma empresa subcontrató a Bonatti Spa para llevar a cabo la obra. Además, es la constructora italiana que al participar en el Proyecto Integral Morelos (un gasoducto, dos termoeléctricas y un acueducto) presionó a los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos para reprimir y criminalizar a los opositores a esa obra.

El asesor jurídico del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, Raymundo Espinoza Hernández, dijo que las comunidades indígenas de Pahuatlán, Tlacuilotepec y Honey interpusieron amparos en 2017 para evitar que el gasoducto Tuxpan atravesara sus localidades.

Un año después, explicó, el juez ordenó suspender el gasoducto en las comunidades mencionadas, que iba del puerto de Tuxpan, Veracruz, a Hidalgo.

En Pachuca, Hidalgo, las comunidades de San Nicolás y San Antonio El Grande interpusieron dos amparos más por violaciones de procedimiento en permisos, autorizaciones y licitación de la obra.

El asesor jurídico advirtió que el gasoducto afectaría a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo y estado de México.

No obstante, señaló que la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró que 15 comunidades indígenas podrían verse perjudicadas por el proyecto y, por tanto, como titulares del derecho a consulta.

Lo anterior, expresó, excluyó a 444 comunidades, que para los criterios de la Sener no son indígenas o no resentirían los impactos de la obra.

Fue en la comunidad de San Pablito, Pahuatlán, donde se llevaron a cabo varias consultas públicas, en las cuales se rechazó que el gasoducto atravesara el cerro sagrado de N’vite.

En los pasados tres años, según información de la Comisión Federal de Electricidad, cuatro gasoductos han sido cancelados en México, además de los de Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes.

También fueron eliminados los de Guaymas-El Oro, en 2017, y Ramal Tula, en 2015.