Para acabar con las malas prácticas en el manejo del presupuesto de publicidad oficial, las agrupaciones Artículo 19, Fundar e Iniciativa Sinaloa, presentaron la iniciativa ciudadana de la Ley General de Publicidad Oficial.
La propuesta busca establecer reglas claras que eliminarían la visión patrimonialista con la que se ejerce en los recursos asignados a publicidad oficial, cuya contratación se ha usado como moneda de cambio para premiar medios de comunicación, o bien castigar a quienes no son afines, explicó Silver Meza, representante de Iniciativa Sinaloa.
Junto a Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, y Ricardo Reyes, abogado de derecho a la información de Artículo 19,explicaron que la ley en la materia está actualmente en los tribunales por la impugnaciones de la organizaciones ciudadanas, para entrar en vigor a partir del primero de enero.
Mencionaron que con el equipo de Comunicación Social del presidente electo Andrés Manuel López Obrador han tenido acercamientos, ya que existe el interés en que no entre en vigor la legislación bautizada como “ley chayote”, expedida durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.
La represente de Fundar expuso que de acuerdo a un análisis realizado por la agrupación, del 2013 al 2017, se invirtieron un total de 50 mil 826 millones pesos del presupuesto a publicidad oficial, pero además se caracterizó por un sobreejercicio que tuvo en promedio un incremento del 85 por ciento al inicialmente programado.
Con la nueva ley se prevé que las modificaciones o reasignaciones al presupuesto de publicidad oficial no rebase el 10 por ciento del monto inicialmente presupuestado.
La propuesta ciudadana que reúne los planteamientos de diversas agrupaciones civiles, investigadores además de diversos medios de comunicación, plantean nuevas reglas para transparentar la asignación de contratación de publicidad oficial en medios de comunicación.
El abogado de Artículo 19 mencionó que la propuesta ciudadana de una nueva legislación contempla que la contratación de espacios publicitarios en medios deberá tomar en cuenta los estudios de audiencia y penetración, bajo el respaldo del INEGI para evitar que empresas ofrezcan cifras maquilladas de auditorios.
De acuerdo al planteamiento de la iniciativa de una nueva ley de contratación de medios, sería el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sería la instancia rectora la contratación de espacios y no la Secretaría de Gobernación.
Otro criterio que plantea la propuesta es la idoneidad para contratación del medio, dependiendo de la población objetivo, así como la asignación conforme a las pautas oficiales según las tarifas de los medios.
Como un punto adicional, se prevé, que el uno por ciento de los presupuestos destinado a la publicidad oficial sea destinado al Fomento de la Pluralidad, la Investigación y la Capacitación Periodística.
