miércoles, agosto 17, 2022
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FGE va por otros dos “malovistas” por colapso del Tiburonario de Mazatlán

La Fiscalía General del Estado va por dos ex funcionarios más de la Secretaría de Obras Públicas por las irregularidades en la licitación de las obras del Tiburonario.

Ante el Juez ya fueron llevados el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix, quien fue vinculado a proceso; y el ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda, quien esta tarde se presentó en la sala de audiencias.

La defensa de Ulloa Miranda pidió un plazo de 144 horas para aportar pruebas por lo que su situación jurídica será resulta el próximo lunes.

En la audiencia, el Ministerio Público mencionó que además de Dionisio y José Luis había otros dos involucrados que también avalaron los fallos irregulares en los que declararon ganadoras a las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México.

De acuerdo con las actas de fallo, de las que Ríodoce tiene copia, los documentos también fueron avalados por el entonces Director de Contratos, Carlos Ramón López Castro; y por el jefe del Departamento de Concursos, Armando Trujillo Sicarios.

La Fiscalía señaló que las propuestas técnicas y económicas de Osuna Osuna y Ecosistemas de México no cumplían con las bases del concurso de licitación ni con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas.

Los cuatro funcionarios debían desechar las propuestas, pero las avalaron y resultaron ganadoras del concurso de licitación para la construcción de la tercera etapa y etapa final del Tiburonario.

El Tiburonario fue inaugurado en diciembre de 2016 y en febrero de 2017 colapsó el acrílico.

Con la empresa Osuna Osuna Arquitectos el contrato fue por 15 millones de pesos y con Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.

Ulloa Miranda fue presentado ante el juez está tarde y el Ministerio Público formuló imputación por el delito de ejercicio indebido del servicio público e perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.

El ex funcionario se reservó su derecho a declarar y solicitó al Juez el plazo de 144 horas para aportar datos de prueba en su defensa.

El próximo lunes volverá a la sala de audiencias para que el Juez resuelva su situación jurídica.

 

 

 

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