El Gobierno de Donald Trump quiere más tiempo para poder juntar a los padres e hijos inmigrantes que separó tras entrar ilegalmente a Estados Unidos. El Departamento de Justicia pidió este viernes a un juez federal de San Diego una extensión de los plazos que fijó a finales de junio para finiquitar los efectos de la polémica política de “tolerancia cero”: haber reunificado el 10 de julio a los niños de menos de cinco años con sus parientes y el 26 de julio al resto de menores de edad.

“El Gobierno tiene un fuerte interés en garantizar que la liberación de un chico en custodia gubernamental ocurra de una forma que garantice la seguridad del chico”, señaló la Fiscalía en su recurso ante el juez Dana Sabraw, publicó El País.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos anticipa que no podrá llevar a cabo los procesos adicionales según el calendario de la Corte, en especial para las personas que ya no están en custodia del Gobierno”, agrega en referencia a los padres que ya han sido liberados mientras esperan a una vista judicial para determinar si pueden quedarse en EE UU o son deportados.

La petición de la Fiscalía, a la que han tenido acceso medios estadounidenses, contradice las declaraciones del jueves por la mañana del secretario de Salud, Alex Azar, que prometió entonces cumplir el fallo del juez. Servicios Sociales tiene bajo custodia a aproximadamente 11.800 inmigrantes menores de edad. “Menos de 3.000”, según dijo el secretario, fueron separados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera. Y de esos, alrededor de un centenar son niños de menos de cinco años.

Azar reveló que las autoridades estaban llevando a cabo pruebas de ADN para verificar la relación entre padres e hijos. También anunció que, para acelerar el proceso de reunificación de las familias, se están trasladando los inmigrantes padres de niños de menos de cinco años a cárceles cercanas a los albergues dónde están los menores.

Acechado por una ola de repudio, Trump derogó el 20 de junio su política de separación de familias en la frontera. Fue la primera gran rectificación en su año y medio de presidencia, marcada por la demonización de la inmigración irregular. La Fiscalía anunció en abril una estrategia de “tolerancia cero” que implicaba presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Si viajaban con niños, como los menores no pueden ser encarcelados, eran segregados de sus padres. Se les trasladaba a un albergue de Servicios Sociales donde permanecían hasta que se encontrara una familia de acogida.

Los documentos judiciales exponen con crudeza cómo el Gobierno actuaba sin un plan definido mientras colocaba a niños de escasa edad en una vía legal totalmente separada de la de sus padres. Las autoridades no saben con certeza dónde están algunos adultos -por ejemplo, algunos excarcelados- ni cuántos niños fueron exactamente separados de sus padres. La Administración también reconoce la dificultad de contactar a un adulto cuando ya ha sido deportado a su país de origen mientras su hijo, con el que emprendió el peligroso periplo desde Centroamérica, sigue en EE UU. Y advierte de que algunas pruebas de ADN no han sido concluyentes.