El asesinato de Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Ríodoce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, es emblemático del fracaso del Estado mexicano en garantizar seguridad para los periodistas en el ejercicio de su labor, afirmó Artículo 19.
A través de un comunicado, el organismo señala que pese a la detención de Heriberto “N”, el Koala, como uno de los coautores materiales del asesinato ocurrido el 15 de mayo de 2017, y de que se responsabilice a Dámaso López Serrano el Mini Lic como autor intelectual, por publicaciones de Javier Valdez que le “resultaron incómodas”, las autoridades deben demostrar las imputaciones y aplicar castigos.
“En este sentido, en conferencia conjunta de la Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Seguridad, al anunciar la detención del hoy imputado, se enfatizó que el crimen respondió al interés de acallar a Javier por parte de un grupo criminal. Asimismo se señaló la posible co-autoría material de otras tres personas (una de ellas asesinada), siendo que Dámaso López Serrano, los habría enviado para cometer el homicidio en contra del periodista por publicaciones que le resultaron incómodas”, indica.
“En este sentido, debe demostrarse de manera fehaciente y sin lugar a dudas la responsabilidad de los autores materiales y la supuesta autoría intelectual del asesinato de Javier. Evidentemente también urge el esclarecimiento de los hechos para que su familia, colegas, amigos y sociedad general conozcamos penalmente la verdad de lo sucedido”.
Adicionalmente se requiere que la FEADLE y las instancias de procuración de justicia locales muestren la misma celeridad en la investigación y judicialización de todos los casos de agresiones contra la prensa, en especial los más graves que entrañan asesinatos, tortura, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones en rezón del ejercicio informativo de las víctimas.
Artículo 19 recordó que el 17 de mayo de 2017, dos días después del crimen, en un evento inédito que pretendía mostrar la voluntad del Estado mexicano para acabar con la violencia contra la prensa, el presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunciaron una serie de acciones para garantizar la protección de los periodistas en México, pero después de anunciadas dichas acciones, “10 periodistas más han sido asesinados hasta el día de hoy”.
“En efecto, se confirma la sospecha fundada de que dichas acciones no revertirían el patrón de agresiones contra la prensa en México”, menciona.
Aún cuando se aceleró en varias entidades de la República la creación de Unidades de Protección vinculadas al Mecanismo federal, así como Mecanismos locales de protección con base en leyes estatales aprobadas por los Congresos de los estados; la realidad es que la violencia contra la prensa no cesa, y al contrario, crece día a día, añade.
“En su visita conjunta a México (27 de noviembre-04 de diciembre de 2017), los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH corroboraron de primera mano el fracaso de la estrategia de protección para los periodistas y de la falta de garantía de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y sus deudos. Un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ineficiente, una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inoperante, fueron sus conclusiones preliminares”, considera.
“En un marco de absoluta impunidad en los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra las y los periodistas, hemos dado cuenta que hasta el 30 de diciembre de 2017, en el actual sexenio ha contabilizado 1986 agresiones contra informadores, de los cuales 42 corresponden a asesinatos. Este año, en el contexto electoral, se han cometido 26 agresiones”.
Añade que México sigue y seguirá siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina mientras las acciones de prevención, protección, investigación y reparación del daño por parte del Estado permanezcan descoordinadas y no haya voluntad política de todos los actores políticos y gobernantes de integrar una estrategia que conduzca a la erradicación de la impunidad. Mientras permanezcan las condiciones de silenciamiento de la prensa en México, ya sea mediante mecanismos de censura sutil o mediante la violencia física y psicológica, no podremos jactarnos de vivir en democracia.
“En este contexto, la obra de Javier Valdez y su compromiso con la verdad y las víctimas de la violencia imperante en amplias franjas del territorio nacional, sigue vigente y es ejemplo y guía para lograr la transformación de México hacia una sociedad más libre y justa”.
