Acusan a secretario de CIDH de fraude por  fraude  de 2 millones de dólares

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El secretario de la CIDH engañó al gobierno federal y a los contribuyentes del fisco al contratar a expertos involucrados en hechos fraudulentos, afirma el dirigente de la asociación consejo ciudadano  para la seguridad pública.
 
 
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal presentó ayer una denuncia en la PGR por el delito de fraude, entre un millón 250 mil  y hasta dos millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
José Antonio Ortega, integrante de dicha asociación, dijo que la denuncia de hechos está basada en el Código Penal Federal que en su artículo 386 tipifica como fraude la conducta antisocial consistente  en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
Ortega señaló que en este caso, las víctimas del engaño son el gobierno federal y los contribuyentes mexicanos al fisco.
Detalló que el monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.
Insistió en que el presunto autor del fraude es Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del “Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región” y que tuvo como contraparte al gobierno federal.
Según se señala el fraude se sustenta en el incumplimiento al acuerdo entre la CDIH y el Gobierno Mexicano  en el cual se establecía que la primera enviaría a México como expertos  a personas probas, pero las cinco personas integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI son lo contrario.
Y acusa; Ángela Buitrago (una de los integrantes del GIEI)  como Fiscal en Colombia acusó  e hizo encarcelar a personas inocentes  con base a pruebas  falsas; Claudia Paz y Paz, como fiscal general en Guatemala encubrió los actos de corrupción del depuesto Presidente Otto Pérez (hoy preso) y protegió a grupos violentos desatando una persecución contra la fiscal que exhibió a esos grupos criminales.
Carlos Beristain, otro de los integrantes del GIEI está gravemente implicado en un fraude contra la petrolera Chevron.
Con ese historial criminal y de violaciones de los integrantes –cuestiona  el demandante que no tienen calidad moral para aportar a que se esclarezcan los casos de Ayotzinapa e Iguala con criterios de justicia. Y afirma que los expertos no han cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió  con el Gobierno de México ni siquiera con la mínima contribución para localizar a los desaparecidos y esclarecer los hechos.
Al contrario, dice el comunicado, han pretendido desvirtuar con fines políticos e ideológicos  los avances de la investigación de la PGR insinuando que se trata de un montaje para encubrir a los verdaderos responsables y culpando “sin pruebas” al Ejército mexicana y tratar de que el más de un centenar de autores materiales e intelectuales de las desapariciones  y asesinatos ya detenidos, queden libres e impunes.
Y todavía sostiene que los expertos han malversado l os fondos públicos que les fueron asignados  vía CIDH en actividades ajenas al acuerdo. Y lo fundamenta con tareas de activismo político “anti gubernamental” que Beristain hizo en Roma previo a la Visita papal a México para que el Sumo Pontífice presionara al Gobierno Mexicano  sobre los hechos de Iguala en base a la versión del Grupo de Expertos Independientes. La reunión del Grupo en Bélgica con el parlamento Europeo fue en el mismo sentido.

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