Sostiene teniente coronel que el Código de Justicia Militar es una “porquería”

Eduardo Navarrete Montes, teniente coronel de infantería del Ejército Mexicano, denuncia que el actual Código de Justicia Militar es una porquería violatoria de los derechos humanos de al menos 400 presos condenados en la prisión militar número 5.

“La violación de los derechos humanos de los militares presos se están violando con la venia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no hacen nada para detener los abusos”, acusa.

“¿Sabe qué es lo que hicieron?”, se pregunta. Y él mismo se responde: “el 27 de abril de 2015 me da la libertad el juez militar, pero tiene un Ministerio Público Militar ahí a un lado que impugnó, pero ya no se vale.

“Haga de cuenta, que por eso diluyeron el Juicio de Amparo, porque yo ya les había ganado el juicio, pero ahora se van por lo militar y allá yo le digo al juez, ‘espérate juez’, no es posible que al Juicio de Amparo le están dando en la madre a una institución del Estado mexicano”, denuncia indignado.

Eduardo Navarrete Montes, exdirector de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán, se encuentra en libertad bajo caución, después de haber sido recluido en la prisión militar número 5, ubicada en la Tercera Región Militar, en Mazatlán, acusado de los presuntos delitos de “insubordinación” a un superior, y de abuso de autoridad, pues le habría dicho a un cabo que estaba gordo y chaparro.

Asegura que durante su estancia en Morelia como Director de Seguridad Pública, bajo las órdenes del entonces secretario de esa institución, general Alfonso Reyes Vaca, desarticuló a la delincuencia organizada, pero que aparentemente su superior no lo vio bien y lo destituyó intempestivamente.

Detención ilegal

Navarrete Montes afirma  que  desde aquél 6 de agosto de 2013 que fue detenido sin orden de aprehensión, en Pachuca, Hidalgo, se violó el debido proceso,  cuando lo llevaron al Campo Militar número 1 de la ciudad de México, para luego trasladarlo a la prisión militar número 5.

“A mí me detuvieron de manera absolutamente ilegal y arbitraria cuando me encontraba de segundo comandante en el 96 Batallón de Infantería, en Pachuca, Hidalgo, y al llegar aquí me presentaron con el secretario de juzgado, Mayor de Justicia Militar, Blas Pedro Camargo García”, rememora.

El entonces coronel de Justicia Militar, Carlos Méndez Donato, agregó, “nunca diligenció ninguna actuación judicial, es decir, jamás estuvo presente, porque el señor no quería salir de su oficina con aire acondicionado”, afirma.

“Cuando llego acá me dicen: ‘oiga que usted está acusado de los delitos de abuso de autoridad y de insubordinación en contra de fulano y zutano’. Yo les dije que ni siquiera había denuncia”, comenta.

Navarrete Montes asegura que dijo al juez militar: “’mira amigo aquí me están violando el debido proceso completito’, porque nunca me dijeron que yo estaba siendo investigado, quiénes me acusaban, ni porque delitos. No me dieron oportunidad de contratar una abogado particular para que me defendiera; para que aportara pruebas y promoviera careos con las supuestas personas que me acusaban”.

La “porquería”

El teniente coronel, también licenciado en seguridad pública, explica a este semanario por qué considera una “porquería” al Código de Justicia Militar.

“El Código de Justicia Militar que rige actualmente la justicia mexicana del Ejército, Fuerza Aérea y Marina fue expedido en 1933 por el general Abelardo L. Rodríguez”, recuerda.

Precisa que lo hizo con facultades extraordinarias y que el Código nunca pasó por el proceso de expedición de leyes a través de las cámaras de legisladores, característica que lo hizo violatorio de derechos humanos.

“Tanto es así, argumenta, que le dio facultades al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, para que nombrara a los jueces, los magistrados, los ministerios públicos y los defensores de oficio. Todos dependen del secretario”, señala.

“Y cómo es posible que el secretario de la Defensa Nacional esté nombrando magistrados y ministerios públicos, cuando el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que los jueces y los magistrados serán nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal”, critica.

—¿El Código de Justicia Militar no es un sistema normal de justicia?

—No. El sistema normal de administración y procuración de justicia, al que todos debemos tener acceso, está dividido en poderes, porque el artículo 13 Constitucional dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

“El Código de Justicia Militar nos priva de nuestros derechos, pero aparte permite que el secretario de la Defensa Nacional invada funciones judiciales”.

—Viola los derechos humanos…

—Sí. Ya le dijeron en la sentencia de Rosendo Pacheco Radilla versus los Estados Unidos Mexicanos, del 23 de noviembre de 2006. ¿Sí ha oído hablar de ese caso? De la desaparición forzada cometida por el Ejército en la “guerra sucia” contra Lucio Cabañas en los años 70. Bueno, le ordenaron al Estado mexicano que debería de adecuar el fuero de guerra a lo estipulado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, de los artículos primero, segundo, octavo y veinticinco, que son las garantías judiciales. Aquí deben tener mucho cuidado con el general que está aquí.

—¿A qué se refiere?

—Me refiero a que deben de conocer cómo funciona el Ejército, deben de conocer cuál es su calidad moral para que no los engañen. Y deben saber que ellos son unos funcionarios y empleados públicos del pueblo, ¡eh! Están al servicio del pueblo, no para que hagan lo que quieran y es más, aquí no estamos en una situación de guerra. El general tiene que ajustarse a la autoridad civil y respetar los derechos civiles.

—¿El Código de Justicia Militar es discrecional?

—Sí. El juez militar es adscrito al comandante de la Tercera Región Militar. No es independiente. Si el comandante de la Región dice ‘méteme al bote a fulano’, estos bueyes lo meten. Porque el que toma las decisiones en todo Durango y Sinaloa militarmente hablando es el comandante de la Región, Duarte Múgica. Pero son ilegales e inmorales. Se los digo de frente, ¡eh!