En febrero de 2014, tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, volé a El Paso, Texas, para entrevistar a dos personajes de leyenda: Larry Villalobos y Joe Bond, sí Bond como el de las películas. El primero fue jefe de inteligencia de la DEA en México y el segundo supervisor de operaciones de la misma agencia en nuestro país. Ambos son los expertos en la vida e historia criminal del Chapo.

Cuando hablé con ellos estaban impactados por la captura de Guzmán Loera. Los funcionarios de la DEA se entrevistaron con él en 1998 cuando aún estaba preso en Puente Grande. Ahí el capo, que aún estaba lejos de alcanzar las dimensiones de “más poderoso del mundo”, afirmó que primero se mataba o hacía que lo mataran antes de volver a estar en prisión.

“No voy a volver aquí, yo me mato o me matan antes de que me entregue al gobierno”, recordó en entrevista vívidamente,  palabra por palabra, Villalobos. Es por eso que ni él ni Bond daban crédito a que hubiese sido capturado vivo y ¿¡sin ningún disparo!? era increíble.

Un año cuatro meses después el tiempo resolvió la incógnita. El capo nunca en verdad fue prisionero del gobierno de Peña Nieto, más bien un huésped en el penal de máxima seguridad “El Altiplano” y desde un inicio parece haber estado seguro que iba a salir bastante pronto.

La clave para entender está en el propio expediente de la investigación de la PGR sobre la fuga del líder de Cártel de Sinaloa. Los peritajes, tarjetas informativas, actas y declaraciones ministeriales de presuntos responsables, empleados del penal y hasta de otros narcotraficantes presos en la misma área que Guzmán Loera, no dejan lugar a dudas de que altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto lo dejaron salir.

Hay muchos puntos importantes: el Chapo usaba la cárcel como oficina alterna y despachaba sus asuntos familiares con la misma ligereza que los criminales, ante las cámaras que todo lo grababan en audio y video. El supuesto brazalete con GPS que tenía se lo pusieron tras una negociación con el narcotraficante y bajo sus propias condiciones, dijo el director general del penal Valentín Cárdenas, a la PGR.

“…se acordó por parte del comisionado que se le pondría un GPS para controlar sus movimientos y evitar puntos muertos,  por lo que dicho brazalete o pulsera le fue puesto en la muñeca izquierda y el señor Joaquín Guzmán Loera dijo estar de acuerdo siempre y cuando él lo cubriera con la manga de su camisa, situación que fue aceptada por ambas partes”, dijo Cárdenas a la PGR según su declaración ministerial que se encuentra de la foja 398 a la 415, del tomo III, de la averiguación previa.

Pero de todas las irregularidades antes, durante y después de la fuga, la que hoy causa mayor dolor de cabeza al gobierno de Peña Nieto, principalmente al Secretario de Gobernación Miguel  Ángel Osorio Chong, son las grabaciones de audio y video de los minutos previos, durante y después de que Guzmán Loera desapareció de la cámara de seguridad que lo vigilaba.

En dichas grabaciones se escucha como hay golpes de metal contra el concreto dentro de la celda del Chapo y el gobierno intentó ocultar para no evidenciar que literalmente lo dejaron ir. La información de la existencia del video fue revelada en una investigación mía publicada por la revista Proceso el 1 de agosto. Según el peritaje de la PGR a las grabaciones hechas por el CISEN, los golpes contra el concreto dentro de la celda del Chapo estuvieron escuchándose al menos durante los siete minutos previos a la fuga y dos agentes del CISEN encargados en ese turno que estaban monitoreando el video con audio, no hicieron nada para emitir una alerta e impedir la salida del capo.

Para simular trasparencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto mostró el mismo video pero sin audio el 13 de julio pasado, en una conferencia de prensa encabezada por el desastroso Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien como si nada afirmó que no hubo información que indicaran que el Chapo iba a escapar. Mintió.

Varios medios de comunicación nacionales e internacionales como CNN, Univisión y  Telemundo le han dado seguimiento a la investigación sobre la existencia del video y otras pruebas contenidas en la averiguación previa de la PGR, difundidas por mí sobre todos los elementos que hubo para prevenir e impedir la fuga.

Al principio la reacción del gobierno de Peña Nieto fue intentar esquivar las insistentes preguntas de dichos medios, e incluso primero quisieron insinuar que los documentos en los que se basó el reportaje no eran auténticos. No cabe la menor duda que lo son, los obtuve directamente y sin intermediarios en el Consejo de la Judicatura Federal. Ante lo inevitable, la PGR reconoció a CNN que los documentos eran auténticos y que lo señalado en mis reportajes era íntegramente igual al contenido de la averiguación previa.

Pero el engaño de la administración de Peña Nieto, cada vez más común en los temas más delicados, tomó dimensiones legales cuando en una comparecencia ante diputados de la Comisión Bicamaral llevada a cabo el 16 de julio pasado, tampoco informaron al respecto. Por algo menos grabe que ocultar las verdaderas circunstancias de la fuga de un capo en 1998, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton estuvo a punto de ser destituido, luego de haber ocultado al Congreso que tuvo una relación sexual impropia con la ya famosa becaria Mónica Lewinksy. Se consideró que cometió perjurio y obstrucción de la justicia.

El senador independiente Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, me ha comentado que es muy grave que el gobierno haya ocultado la existencia de las grabaciones cuando él y los legisladores Ismael Hernández y Omar Fayad, ambos  del PRI, realizaron el 13 de julio pasado  una visita a “El Altiplano”, guiada directamente por Osorio Chong y Rubido, con el fin de ser informados verazmente sobre la evasión del capo. Pero más grave aún, dijo, es  que lo hayan ocultado en una comparecencia de carácter oficial.  Hasta donde se sabe hay otros legisladores que se sienten engañados, máxime cuando todas las comparecencias se dan bajo el juramento legal de decir la verdad y no ocultar información al Congreso.

A Encinas, quien fue Secretario de Gobierno del DF y luego Jefe de Gobierno,  no le es ajeno el funcionamiento de los penales ya que por sus cargos tuvo que empaparse del tema del funcionamiento de las prisiones en la capital del país. Tras su salida del penal dio entrevistas señalando todas las irregularidades detectadas. Particularmente a mí me indicó que en “El Altiplano”, Guzmán Loera pasaba con sus abogados más tiempo del reglamentario y que recibía visitas de varias personas de manera indebida. Y desde un inicio señaló que para que ocurriera la fuga tuvo que haber una amplia red de corrupción.

Encinas envió a Miguel Ángel Osorio Chong una carta solicitando en su calidad de miembro de la Comisión Bicamaral se le entregue copia de las grabaciones de video y audio de la fuga. Sigue esperando una respuesta.

El 11 de agosto pasado se cumplió un mes del escape. De los rastros del Chapo ni sus luces y tampoco de los autores intelectuales y materiales de su evasión dentro del gobierno de Peña Nieto. Apenas tres empleados de baja jerarquía, uno de la PF y dos custodios.

Leyendo una y otra vez el expediente de la PGR de la fuga, ahí está la respuesta a la interrogante de Villalobos y Bond. Es claro que el Chapo tenía de antemano un  boleto de salida. Un boleto que pese a la gran corrupción que había en el penal no podía ser transferible a otros presos, un boleto que ni siquiera podía beneficiar a su querido hermano Miguel Ángel Guzmán Loera, quien también está preso en El Altiplano y para quien no hubo túnel o puerta abierta para salir.

El Chapo juró matarse pero no fue necesario porque sabía que iba a salir.