Atrapados en la extrema violencia generada por la delincuencia organizada y la ofensiva frontal del Estado –a veces sustituida por la complicidad ante el testigo incómodo–, los periodistas siguen cayendo bajo las balas de los sicarios, forzados a entrar en las nóminas criminales u obligados a exiliarse para sobrevivir. En entrevista, defensores de los derechos de periodistas denuncian que los mecanismos oficiales de protección siguen sin funcionar y que no hay voluntad del gobierno federal para detener las agresiones contra el gremio.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ser periodista en México implica enfrentarse a las agresiones en un ambiente de impunidad y abandono institucional, con la autocensura y el exilio como opciones casi únicas de supervivencia.
Esa es la condición del trabajo informativo en regiones donde persiste la violencia generada por la delincuencia organizada y por el embate frontal del Estado, sobre todo cuando éste ha eludido su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión, coinciden Balbina Flores, Francisco Sandoval y Jade Ramírez, defensores de derechos de los periodistas.
Entrevistados por separado días después de que en el noticiero estelar de MVS, conducido por Carmen Aristegui, difundiera el video de la reunión de Servando Gómez, La Tuta, con Eliseo Caballero y José Luis Díaz, los activistas no justifican las acciones de Caballero y Díaz, pero resaltan que a partir de 2005, cuando se acentuó la violencia de los cárteles, los reporteros que cubren esa fuente se volvieron blanco de agresiones.
Hasta la fecha, indican, esos ataques no han cesado pese a que ya existen instrumentos jurídicos e instituciones como la Ley General para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
De acuerdo con el último informe estadístico de la FEADLE, de enero de 2000 al 31 agosto de 2014 se reportaron 102 homicidios y 24 desapariciones de periodistas, de los cuales la dependencia federal investiga 30 asesinatos y 12 desapariciones.
El informe publicado en la página de la fiscalía mencionada señala que del 5 de julio de 2010, cuando la dependencia comenzó a operar, al 31 de agosto de 2014, inició 596 indagatorias por delitos contra periodistas y medios de comunicación, el 35.4% de las cuales (es decir 211) son amenazas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1978, ya en circulación)
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