martes, octubre 26, 2021
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“El Chapo”, financiado con fondos de pensiones

El Chapo, después de su captura, en el penal de Puente Grande.
El Chapo, después de su captura, en el penal de Puente Grande.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán, logró infiltrar las finanzas públicas de San Luis Potosí en la administración del gobernador Fernando Toranzo Fernández a través de la Dirección General de Pensiones del estado.
Documentos cuya copia tiene Proceso muestran que en 2011 el titular de la dependencia estatal, Oziel Yudiche Lara, fundó en Miami una empresa fachada que operan Daniel Fernandes Rojo Filho y Pedro Benevides, identificados por el gobierno de Estados Unidos como lavadores del Cártel de Sinaloa.
Ya en 2010 Yudiche Lara había puesto los fondos de pensiones de la entidad a disposición de la red de lavado del cártel.
Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala a Fernandes Rojo Filho y Benevides como operadores financieros del Cártel de Sinaloa. Ambos son investigados desde 2008 por la agencia antidrogas DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero (Proceso 1943).
Mediante una red de más de 25 compañías fachada creadas en Florida y Panamá, así como cuentas en 12 bancos en Estados Unidos, los dos “empresarios” vinculados a la organización criminal de El Chapo Guzmán realizaron una estafa mundial para ocultar dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con expedientes abiertos en cortes federales de Florida y Arizona desde 2008, Rojo Filho –como lo identifica la justicia estadunidense– y Benevides utilizaron pirámides de inversión fraudulentas o esquemas Ponzi, igual que inversiones en inexistentes plantas de energía renovable, para transferir por lo menos 213 millones de dólares entre diversas cuentas. Así consiguieron revolver el dinero del fraude financiero con el del tráfico de drogas y prácticamente imposibilitaron que se aclarara el origen y el destino del dinero.
Como piratas modernos, también “enterraron” más de 100 mil onzas de oro en dos depósitos de valores en los estados de Delaware y Texas, cuyos verdaderos dueños hasta ahora no han asomado la cabeza.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1944, ya en circulación)

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