Sequía por decreto

 

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Improductiva inversión de 150 MDP

Don Joaquín Soto Domínguez fue dotado con 10 hectáreas de tierra migajón arenoso en la zona de Tres Garantía, un terreno accidentado en medio de dos valles agrícolas: El Fuerte y Guasave, pero no las puede cultivar, y hacer de ella el sustento en el ocaso de su vida.

De su situación, él tiene a responsables. El gobierno, los grandes agricultores, los de monocultivos intensivos —porque tienen disponibilidad total de agua—, y las mafias en los módulos de riego, que se apropiaron del derecho del agua. Para él, esto son los peores enemigos de otros sinaloenses, son los criminales adinerados, los caciques, los explotadores.

Por eso don Joaquín está condenado a vivir en la miseria, a depender de la naturaleza, de la lluvia y poder sembrar maíz de subsistencia, o si pretende ganar unos cuantos pesos, cártamo o sorgo. “Lo que alcance a sembrar de temporal, la semilla que tenga a la mano. Lo que sea, para poder cobrar el Procampo”.

—¿Puede vender la cosecha?

—No. No tengo ganancia.

—¿Por qué?

—Porque no es buena producción. La cosecha no es suficiente. Es sin calidad comercial. Sólo para el ganado.

A unos metros de su parcela pasa el canal principal. Pero no se le tiene permitido tomarla por no tener concesión, aunque el derecho se le otorgó desde hace más de 40 años, cuando se puso en práctica el proyecto Huites, que dio origen a la presa “Luis Donaldo Colosio”, en la boquilla de Santiago, en Choix, Sinaloa; aguas arriba sobre el río Fuerte, y en la práctica hace un lustro, cuando el Gobierno Federal invirtió 150 millones de pesos en la construcción de un cárcamo de bombeo en el cerro Nohme de 30 metros de longitud por 12 metros de alto y 11 metros de ancho, además de una línea de conducción con cero pérdida por filtración.

La infraestructura no puede tener utilidad porque no hay agua que bombear, afirma Carlos Salas Padilla, coordinador de las unidades de riego Urceva y Udrala, y regar seis mil hectáreas de los ejidos Las Vacas Ampliación, Joaquín Amaro, Revolución, Francisco  I. Madero, José María Morelos, Aguas de las Arenas.

Y no la hay porque el dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (Anur), Quintín Suárez Andujo se apropió del agua, y junto con la dirigencia de la Red del Valle de El Fuerte, se han resistido a ceder un solo litro a los temporaleros, cuyo derecho al líquido está en un decreto nacional, ahora reconocido por un segundo decreto que da por terminada la veda a la extracción del río Fuerte, dijo.

“Prácticamente se roban el agua de otros usuarios. Ellos, los módulos y Quintín se reparten con la cuchara grande, y hasta aprueban riegos ilegales dando agua a precarios y haciéndose ciegos y sordos a la extracción de agua para nuevos productores agrícolas que salieron del gobierno de Mario López Valdez. Desmontaron grandes extensiones, y tienen riego por goteo, subterráneo, y a nosotros, que tenemos un decreto e infraestructura nos ignoran y hasta nos combaten en los juzgados. Todo es una tranza, disfrazada pero tranza”, dijo.

Hasta ahora, la concesión de riego para Urceva y Udrala ha sido combatida en los juzgados de Distrito Quinto, Sexto y Séptimo en donde los módulos de riego, Sevelvampo, Batequis, Río Fuerte, Sevelbampo interpusieron los juicios de amparo 179/2017, 225/2017, 226/2017; 159/2017, 176/2017, 229/2017 y 231/2017 por los módulos Taxtes, Nohme, Ruiz Cortines y Guasave; y recientemente el 232 por el Santa Rosa, respectivamente.

“Son tretas legales para retardar las nuevas concesiones”, dijo.

Los temporaleros afirmaron que su lucha continuará en cualquier frente que los productores adinerados y amafiados detenten. “No vamos a ceder, ni por miedo ni por hostigamiento”, dijo Salas.

Su dicho fue aparejado con acciones, puesto que las manifestaciones a las afueras del distrito de Riego 075, de la Red del Valle de El Fuerte, de la sede de la Judicatura Federal, y hasta en la vivienda de Suárez Andujo se consumaron.

La movilización puso a la defensiva a la Anur, y respaldada por los presidentes de los módulos de riego salieron a dar la cara a las acusaciones.

Quintín Suárez dijo no impedir la entrega de nuevas concesiones, pues no tiene facultad, aunque reconoció que defiende el derecho de los asociados y de precarios a regar una zona ya concesionada.

Afirmó que es la Conagua la instancia que repartirá las nuevas dotaciones, siempre y cuando acredite que hay agua disponible, que la red de distribución soporta mayores cargas y que las necesidades de la población no podrán reducirse.

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