Los abusos de sacerdotes, crímenes de Estado
A Rivera se le ubica como artífice de una banda de delincuentes con sotana y estola que por presiones de la comunidad internacional deberán rendir cuentas ante un tribunal del Vaticano, sobre el silencio, complicidad y contubernio en torno a la perversidad de sus ministros.
Esta consigna de esclarecer los casos de pederastia y sancionar penalmente a los responsables directos e indirectos, está respaldada por una centena de organizaciones civiles, sociales de México y del extranjero, que en abril del 2014 organizaron —con apoyo de la diputada perredista Verónica Beatriz Juárez Pina, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas—, el Foro Internacional El Significado del Informe del Comité de los Derechos del Niño a la Santa Sede y las Implicaciones para México.
En este informe alternativo que envían el año pasado desde México, organizaciones civiles, así como familiares y víctimas de sacerdotes pederastas al Comité de los Derechos del Niño y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aseguran que se trata de un auténtico crimen de Estado que involucra a las máximas autoridades del Estado Vaticano desde el Papa, hasta los responsables de las diócesis que han incurrido en la protección de delincuentes cobijados por la institución Iglesia Católica.
Argumentan que la Santa Sede y los funcionarios tienen responsabilidad directa sobre los casos de pederastia, porque esas conductas fueron propiciadas de forma causal y directa por las políticas institucionales y el silencio cómplice que sostuvo la Santa Sede y sus funcionarios, sobre todo porque los casos fueron tolerados, protegidos, auspiciados y encubiertos por la cúpula misma del poder Vaticano, y con ello violentaron las normas de la Convención de los Derechos del Niño e incurrieron en una irresponsabilidad internacional.
Piden renuncia de Norberto Rivera
Las organizaciones sociales piden al Comité de la ONU recomendar a la Santa Sede explique porqué permitió que el padre Marcial Maciel continuara abusando de niños y de los hijos de esos niños, cuando desde 1940 tenían denuncias de las víctimas y de autoridades locales y jamás hicieron por detenerlo. Que esclarezcan si la santa sede participó en los acuerdos entre los cardenales Norberto Rivera Carrera y Mahony para gestionar la fuga del Padre Nicolás Aguilar, en 1989, a Los Ángeles, California, cuando sabían que había contra él 26 denuncias de abuso sexual en México y Estados Unidos.
Sobre esto, la señora Valentina Mendoza, madre de tres hijos violados por el padre Aguilar, en Los Ángeles, interpuso una de las tres demandas que pesan contra el cardenal Norberto Rivera, por proteger al padre Nicolás Aguilar.
La madre, quien dice no callará hasta que le hagan justicia, narra que sus tres hijos varones entre 5 y 12 años fueron violados en 1998 en su propia casa, cuando dormían junto con el padre Nicolás, en la misma habitación.
“Norberto Rivera tiene que renunciar a su cargo. Él es uno de los protectores. Nicolás violó a mis hijos porque él (Norberto Rivera) lo envió a Los Ángeles, en 1987 (…) Nicolás nos dijo que se sentía triste, que no quería irse porque estaba solo y eso le deprimía. Los mexicanos somos hospitalarios, así que le ofrecí quedarse en casa. Tristemente fue esa noche cuando dañó a mis hijitos”.
Valentina permitió al sacerdote quedarse en la recámara de sus cinco niños, pero decidió llevarse a los dos más pequeños a dormir con ella y su esposo, y dejarle más espacio y comodidad al huésped. Los tres que permanecieron en la habitación fueron abusados sexualmente por el padre esa misma noche.
“Este depravado aprovechó el momento y nosotros no supimos nada, hasta después de que los niños pudieron hablarlo”.
Otra de las víctimas del padre Nicolás que interpuso demanda contra Norberto Rivera, es John Doe (seudónimo) un estudiante de primero de secundaria que a los 12 años fue violado por el sacerdote cuando éste ofrecía servicios religiosos a la comunidad latina, en Los Ángeles. Expone que en 1997 acudía a la casa del padre en Los Ángeles, a recibir las pláticas de doctrina.
“La primera vez llegamos 50 niños y después aumentó el número, pero al final íbamos como unos diez niños porque a los que acudíamos, el padre Nicolás nos obligaba a hacer cosas”.
Lo cierto es que existe información de que este sacerdote violó entre 90 y 120 niños en México, muchos de ellos acólitos. De estos niños, 60 —entre 5 y 13 años— vivían en Sierra Negra, y en 1997 vinieron a prepararse para su primera comunión, residiendo temporalmente en colonias populares, en Tehuacán Puebla, lugar donde se cometieron los abusos.
A Sergio Merino, otra de las víctimas que responsabiliza a Norberto Rivera, este sacerdote lo obligaba a tener sexo oral diciéndole que tendría que hacerlo a menos que quisiera que su madre o el murieran. Y terminaba cumpliendo sus deseos.
Ambos declarantes sostienen que aún viven con ese dolor físico y mental, shock, desasosiego emocional, vergüenza, pérdida de autoestima, deshonra, humillación e incapacidad para disfrutar la vida con plenitud, por las secuelas del daño. Los datos emitidos por las ONGs reportan de al menos 13 personas que terminaron suicidándose por no poder asimilar los abusos sexuales de quienes algún tiempo fueron sus guías espirituales.
Sobre estos tres casos de denuncias interpuestas contra el Arzobispo Primado de México, hasta el año pasado no hay ningún avance, según lo señala el documento, narrado por las víctimas y familiares.
Los sacerdotes implicados son simplemente transferidos a otra parroquia o enviados a tareas misioneras en el extranjero, donde permanecen en contacto estrecho —y sin inspeccionar— con otros niños a los que vuelven a violar, cuando debieron haberlos retirado del sacerdocio.
Hasta ahora se desconoce si hay clérigos suspendidos de su ministerio por esta causa.
Según sostienen las organizaciones civiles, en México no se conoce un solo caso de Obispos o Arzobispos encontrados culpables de abusar de niños o encubrir sacerdotes pederastas como ha ocurrido en Estados Unidos, Irlanda, Austria o Republica Dominicana, porque las autoridades de este país han sido clave para fomentar la impunidad clerical mediante prácticas como pérdida de expedientes y demás, para propiciar que los demandantes desistan en sus denuncias.
