La exhibición pública, golpes y daños sicológicos de la cual fue objeto una mujer por parte de su esposo en el municipio de Navolato, es un delito grave que debe ser considerado como tortura y por lo tanto, sancionado con privación de la libertad sin derecho a fianza.
La directora general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez condenó que el agresor de la mujer, por una supuesta infidelidad, haya salido libre con el argumento de que no es un delito grave la violencia familiar.
“Es un atentado a los derechos humanos, se está ejerciendo tortura en contra de la víctima porque aquí está estipulado que nadie puede hacer justicia por su propia mano; además, la infidelidad no es un delito, y si hubiese es una causal de divorcio, pero a nadie le da derecho a violentar a la otra persona por esa circunstancia”, enfatizó.
Para evitar que este tipo de actos se repitan, consideró necesario que el Congreso del Estado de Sinaloa “descongele” la iniciativa con la cual se busca tipificar como grave este tipo de violencia, misma que es apoyada por el Centro de Políticas de Género para que se castigue con penas más severas a los agresores de mujeres.
“No pueden decir que no es un delito grave el cometido por esta persona en contra de su pareja sólo porque no hubo lesiones que tardaran más de tres días en sanar, o curar sino que, qué más grave que la estén exponiendo. ¿Y las heridas que no se ven, las sicológicas, las internas?, ¿cuánto durará el síndrome postraumático?, ¿cuánto tardará en sanar?”, cuestiona la investigadora universitaria.
Rodríguez Pérez subrayó que no basta con darle apoyo médico, sicológico y orientación legal a la víctima sino, además, la protección necesaria por tratarse de violencia de alto riesgo, y para ello hay que generar medidas cautelares y precautorias que protejan vida de esa mujer.
Añadió que es de suma importancia la orden de protección inmediata para que el victimario no se le acerque, e incluso ofrecerle el servicio de refugio tanto para ella como para su familia, víctimas directas o indirectas.
Además, puntualizó que todos los delitos cometidos en contra de mujeres tienen que ser vistos a partir del contexto de impunidad y de permeabilidad social que existe, ya que el caso de Navolato tiene una dimensión fuera de lo normal en el ámbito familiar pues se trata de delitos cometidos por violaciones a los derechos humanos de las mujeres de manera extrema.
Rodríguez Pérez puntualizó que es importante apegarse al derecho internacional de los derechos humanos, en este caso el Protocolo de Estambul, que menciona las formas de tortura ya que no es un caso simple y hacer visible que este tipo de actos son una forma de violencia extrema y una violación a los derechos humanos de las mujeres.
“Nuestro pronunciamiento es a revisar los tratados internacionales que México ha incorporado a rango constitucional desde junio de 2011, y a evaluar las facultades de las instancias que previenen, atienden y sancionan los delitos de género, pues se requiere seguir fortaleciendo con procesos de capacitación a operadores y administradores de justicia”, expresó.
La investigadora universitaria también hizo un llamado a las instituciones a no generar una doble victimización dado que no sólo se liberó al agresor sino que, además, se está mandando un mensaje a la sociedad de que en Navolato está permitido golpear, arrastrar y tomar “correcciones” usando el cuerpo de las mujeres como les plazca.
Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez exigió ante este lamentables hecho, “garantías de no repetición por tratarse de violencia grave, es linchamiento moral, es tortura y lo que le sigue es la muerte”.
La directora general del Centro de Políticas de Género de las UAS también hizo un llamado a la ciudadanía a no ser simple espectadora, sino a actuar y denunciar en vez de ser indiferente, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que dé seguimiento a este caso y no quede, como muchos otros más, en la impunidad.
