Sin definición clara de los criterios que los diputados evaluarán para elegir a los nueve integrantes del Comité de Selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana Estatal Municipal Anticorrupción, el Congreso del Estado lanzó una convocatoria y citó a comparecer a los 23 aspirantes registrados.
La convocatoria tiene lagunas sobre plazos, criterios y metodología de evaluación, pero establece en las bases que en todos los casos no previstos será la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) quien resuelva.
La primera indefinición de la convocatoria la vivió el proceso para nombrar al referido Comité de Selección en materia de tiempos. La convocatoria lanzada el pasado 14 de septiembre, estableció que las propuestas de aspirantes serían entregadas a más tardar el 28 de septiembre, pero no definió ningún otro plazo.
Sin fecha para pasar al siguiente proceso, la convocatoria señalaba que la JUCOPO procedería a evaluar los documentos para verificar que reunían los requisitos de la convocatoria, para luego remitirse los expedientes a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Justicia, para luego publicar un listado de aspirantes y que se procediera a una comparecencia.
A falta de plazos establecidos, pasó más de un mes desde que se cerró la recepción de documentación y no se reunían las comisiones unidas para planear las comparecencias de los aspirantes.
El estancamiento de los trabajos provocó que el tema fuera llevado a tribuna por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Castaños Valenzuela.
Ante el pleno, denunció en la sesión del martes 31 de octubre, que a un mes de haberse concluido el proceso de registro de los aspirantes al Consejo de Selección del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, todavía no se tenía fecha de comparecencia de los aspirantes, situación que calificó como una “sospechosa dilación”.
Esa misma tarde, los integrantes de las comisiones unidas fueron convocados para concretar el proceso de las comparecencias y los siguientes pasos para evaluar a los 23 aspirantes registrados.
Ahí, el diputado del PRI, Carlos Montenegro, argumentó que dentro las demoras del proceso, estaba el hecho que el secretario general del Congreso del Estado, Rafael Bentancour Gómez, había incurrido en una “gravísima omisión” al entregar a los diputados versiones públicas y no completas de la documentación de los aspirantes, con un testado a tal grado que ni siquiera era posible verificar la coincidencia de los nombres de los solicitantes con la documentación presentada.
En la misma sesión, el propio Castaños Valenzuela planteó que no se había definido tampoco cuál sería el proceso para elegir.
“Hay una indefinición, no se tiene claro si estas comisiones unidas lo harán, se hará en el Pleno, o se propondrá a la JUCOPO”.
El diputado Carlos Montenegro mencionó a los diputados que para no vulnerar el derecho de nadie, el dictamen de las Comisiones Unidas que contendrá las propuestas de los aspirantes, sería remitida a la JUCOPO.
Durante la reunión ningún integrante planteó cuáles serían los criterios a tomar en cuenta o se evaluarían, sino que la reunión se concentró en plantear el tiempo de participación de cada aspirante, las fecha de la comparecencia, quién haría las preguntas y la invitación a otros diputados, entre otros puntos.
“Algo que nos confunde además es que nos darán un espacio para presentar nuestro proyecto de trabajo, pero aun nadie nos ha informado que clase de proyecto vamos a desarrollar, si se supone que no vamos a ser ejecutivos para tareas específicas, sino solo ser responsables, transparentes, justos y honestos a la hora de seleccionar a los que creemos los mejores en función a un perfil previamente acordado. En fin, me siento como un estudiante que va a ir a presentar un examen, sin saber cuáles van a ser las materias y sin haber estudiado para ello”, expresó en su cuenta de Facebook, Gilberto Ceceña Nuño, uno de los aspirantes propuestos por organizaciones civiles.
En igual desinformación se encuentra otra aspirante, la profesora de la Universidad de Occidente, Rocío Payares Flores, a quien le hicieron llegar al acuerdo de las Comisiones Unidas, pero ninguna información adicional sobre lo que deberá contener su exposición de 10 minutos cuando haga el planteamiento de su programa de trabajo.
“Se me hace muy abierto. Sobre todo porque no soy experta en el área, pero ni modo, ya estoy en esto y me prepararé”, expresó.
Silber Meza, presidente de Iniciativa Sinaloa, señaló que el Sistema Estatal Anticorrupción es un tema nuevo a nivel nacional y existen muy pocas personas expertas en el tema, “pero lo que realmente es importante es que exista de antemano claridad sobre qué evaluarán los diputados, que hagan transparente el proceso, a que le darán mayor peso, si a la exposición o al conocimiento en la materia”.
Al igual que en la elección del magistrado Anticorrupción, indicó, no existen claridad en los criterios de selección, ni argumentos.
“Lo que queremos nosotros es que no pase lo mismo en este y en ningún proceso más, sino que haya unos lineamientos donde se observen capacidades, discurso, conocimientos, y con base en la evaluación, se tome la decisión”, expresó.
Aspirantes propuestos por instituciones de educación superior y de investigación:
Rodolfo Campoy de la Vega
Miguel Ángel Rosales Medrano
Xiconténcatl Reyes Bazúa
Rocío del Carmen Payares Flores
Jesús Alfonso Bastidas
Yolanda Evangelina Félix
Estreverto Meza Álvarez
Alejandro Rosas Osuna
Irvin Mikhail Soto Zazueta
Fernando Arce Gaxiola
Carlos Lorenxo Sánchez Ochoa
José Luis Jorge Figueroa Cancino
María Felipa Sarabia
Aspirantes propuestos por organizaciones civiles:
Patricia Salazar Rodríguez
Jorge López Valencia
Alejandro Sánchez Chávez
Adrián Coppel Calvo
Luis Enrique Pun Hung
Gilberto Ceceña Nuño
Rafael Domínguez Kelly
Carlos Javier García Félix
Edna Lizette Fong Payán
Jorge Rafael García Elenes
