La sorpresiva compra del otrora edificio corporativo Homex por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa para convertirla en las oficinas de las nuevas secretarías de Pesca, Desarrollo Sustentable, así como de Obras Públicas, y Agricultura, está en manos de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

El análisis del caso se inició cuando el diputado del PRD, Efrén Lerma presentó ante la Diputación Permanente la petición de que la Auditoría Superior del Estado presente un informe especial que solicite a su vez a la Secretaría de Administración y Finanzas, sobre los contratos de adquisición del inmueble que fuera propiedad de la  empresa Homex y posteriormente de Inbursa.

La sospecha del legislador perredista de una operación poco transparente se inició porque la compra no estaba incluida en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017.  A esto se suma que la operación se realizó de manera directa sin mediar un proceso de licitación por el cual ya se pagaron 77 millones 200 mil pesos, como parte del 50 por ciento del costo total del inmueble.

La propuesta de revisión de la operación de compra-venta está basada en el hecho de que el artículo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa señala que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, deberán adjudicarse o llevarse a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Al no cubrirse el proceso de licitación contemplado en la Constitución, señala el perredista, se omitieron en la operación de compra del otrora edificio corporativo de Homex, la intervención de testigos sociales.

“Todos ellos, son sin duda  elementos que muestran lo poco transparente de las operaciones estatales y la escasa veracidad en materia de fiscalización, que no deberían ser tomados a la ligera, con mayor razón cuando la adquisición de  lo que se ha dado en llamar la nueva USE y menos la renta de la anterior, que de manera coincidente fueron construidas por el mismo empresario”, señala el legislador perredista al hacer alusión a la USE (Unidad de Servicios Estatales) que funciona en Culiacán.

También en el referido artículo constitucional 155 se contempla la posibilidad de que cuando las licitaciones no sean idóneas, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Cuando el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, dio a conocer la operación de compra-venta,  argumentó que el proceso de compra no se pudo licitar porque todos los inmuebles tienen un solo propietario, por lo que en su lugar se hace una “justipreciación”.

En palabras del funcionario, este método consiste en pedir a un perito calificado que dé un avalúo y si el precio de compra está por abajo del precio de avalúo, se adquiere el inmueble. “Aquí no se puede licitar, no hay más que un solo dueño en cualquier bien inmueble o terreno”.

Antes de realizar la operación de compra-venta, el gobierno estatal informó haber revisado los antecedentes y condiciones jurídicas de la propiedad, y verificar que el precio fuera acorde al mercado inmobiliario de la localidad, constatado mediante el avalúo elaborado por perito certificado.

“Personalmente creo que sólo las contradicciones del gabinete estatal, con respecto a la propiedad de la USE, exigen mejores condiciones de transparencia y  no sólo en relación a la nueva adquisición sin cubrirse el proceso de licitación, sino también de la anterior”, expresó el diputado del PRD, al indicar que tanto la USE o como la nueva USE fueron construidas por el mismo empresario, lo que agrega mayores elementos de confusión.

Aunque la compra no estaba contemplada en el programa de adquisiciones, el secretario de Administración y Finanzas justifica que la compra del inmueble por parte del ejecutivo estatal está dentro del eje estratégico de gobierno eficiente y transparente del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, así como de las medidas de disciplina en el ejercicio presupuestal.

Dos de las secretarías que se instalarán en el edificio de reciente adquisición fueron creadas al inicio del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, quien había señalado que tanto las Secretarías de Pesca como la Desarrollo Sustentable no implicaban dedicar mayor gasto del presupuesto.

Administración y Finanzas argumenta que la decisión de compra está basada en la búsqueda de un ahorro por concepto de arrendamientos de diversas oficinas,  además de motivar al trabajador  y aumentar su productividad y prestación del servicio.

El edificio que se compró a Inbursa está ubicado en un terreno  de 6 mil 887 metros cuadrados, localizado en una de las zonas más cotizadas el Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán. Tiene 14 mil metros cuadrados de construcción, cuenta con 32 espacios de estacionamiento en un sótano, 50 en un terreno al aire libre, 380 espacios más en espacios colindantes al estadio de futbol y 80 más en un terreno ubicado en avenida colindante. Es decir, 542 cajones para un edificio en donde trabajarán poco más de mil servidores públicos.

Paralelamente, el diputado del PAN, Roberto Cruz, señaló que el costo del nuevo edificio que ocupará el gobierno estatal corresponde coincidentemente a la misma cantidad que se eliminó en el presupuesto autorizado para el Programa de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, al recortar  la entrega de dos a un uniforme por alumno de escuelas públicas.