Las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo, acerca del destino que tuvieron los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sirvió de argumento insólito a la PGR para llegar a la “verdad histórica” del caso, pues en cuestión de horas el Procurador dictó sentencia.

Así en conferencia de prensa, Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, y Tomás Zerón, director de Investigación Criminal, dieron un repaso de las investigaciones realizadas, que vinieron a confirmar, con la declaración del delincuente, la tesis expresada en noviembre pasado.

No hay nada nuevo en ella. Los culpables son una combinación de policías municipales y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, que en complicidad decidieron detener y asesinar a los estudiantes que habían sido “levantados” en Iguala.

El problema es que ni antes, ni ahora se les cree. Existen serias dudas que las declaraciones hayan sido legítimas y éstas sean resultado de presiones o de tortura, tan usual en nuestro país, para obtener confesiones de los detenidos.

Los padres de los muchachos las rechazaron inmediatamente y exigen que concluya la investigación que se realiza en Innsbruck (Austria), para que ésta contribuya a llegar a una más justa verdad histórica de los acontecimientos trágicos del 26 de septiembre pasado.

Lo cierto es que al margen de la necesidad de esclarecer los hechos, las posiciones se han vuelto irreconciliables y no hay un plano de colaboración entre las partes, producto de la desconfianza.

Luego entonces se ha transformado en un asunto eminentemente político. Los del gobierno están urgidos de cerrar el caso y para ello han invertido mucho tiempo y recursos al grado de que en noviembre, el Procurador ya se había cansado.

En tanto, los padres de los muchachos y las organizaciones sociales que los acompañan han visto una buena oportunidad para poner en entredicho la eficacia del gobierno.

El saldo ahora favorece a los segundos. Las movilizaciones que se celebraron el pasado 26 de enero, en varias partes del mundo, siguen sosteniendo que el Ejército fue copartícipe, y por lo tanto es un crimen de Estado que debe ser castigado.

Lo cierto es que no queda clara la acción de la milicia, más allá de los dichos de los padres y si las cosas son así, entonces estamos en un callejón sin salida de la política.

Las posturas se miden en la escena pública y los agentes del gobierno hacen lo que pueden con todos sus recursos, mientras la otra parte, con el mensaje legítimo del esclarecimiento de los hechos y el señalamiento de que los asesinos están en el gobierno, convocan, movilizan y gritan dentro y fuera del país.

Ellos son los que la van ganando en la opinión pública, con el agravante de la  corrupción en las altas esferas del poder político que ha venido a aumentar la desconfianza en el gobierno.

Más cuando el presidente Enrique Peña Nieto se ha defendido mal y ha quedado como un mentiroso ante la ciudadanía, con el manejo de su fortuna y sus bienes.

Incluso, ante lo evidente, intelectuales leales al gobierno como Enrique Krauze, han pedido que el Presidente salga a pedir perdón al pueblo de México.

Pero no. Al contrario. Se defiende diciendo que en las “casas” no hay conflicto de interés, que las adquisiciones son legítimas y todo está en orden, lo cual viene agudizar el problema; incluso hay quienes sostienen que hay una bomba que está por estallar y que son los movimientos económicos del Presidente.

Sería, según este dicho, algo similar a lo sucedido en las indagaciones financieras a Raúl Salinas de Gortari, que se dedicó hacer transferencias de dinero sucio bajo el amparo de su hermano desde la Presidencia de la República.

Si esto llega a suceder, y creo que no pasa desapercibido para quienes han hecho visibles las casas del Presidente y su Secretario de Hacienda, sería tanto como quedar sin ninguna posibilidad de ganar esta batalla por la verdad histórica en los sucesos de Iguala.

Ante un escenario así, a las elites no les quedarían más que dos opciones: Uno, resolver el problema en términos institucionales, donde no se descartaría el relevo en el cargo (que me parece sería lo más inteligente) o, un golpe de timón desde la Presidencia, buscando por medio de él un endurecimiento para resolver un problema que lo está superando todos los días.

Sólo que así tendría menos credibilidad la versión de la llamada “verdad histórica”.