José Menchaca López, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, resultó que como empresario prestó servicios de grúas a la administración malovista por más de 15 millones de pesos.

Cómo es que llega a la candidatura priista, logra el triunfo de mayoría en uno de los distritos de Guasave y se le habilita como flamante Presidente de una comisión que está puesta en entredicho, porque habiendo suspendido las cuentas del primer semestre de 2016 dio un giro de 180 grados y las aprobó fast track.

Más aun, como parte de ese juego de ajedrez político, la mayoría priista pasista del Congreso del Estado aprueba una reforma regresiva que le arranca al pleno una de sus principales competencias, como es la revisión y aprobación de las cuentas públicas, sin que se haya consensado con los organismos de la sociedad.

Que fue la promesa que se hizo cuando la iniciativa fue cuestionada severamente por los organismos empresariales y sociales.

No se llevó a cabo esa consulta seguramente porque vieron que era un caso perdido y la orden era sacar como fuera la reforma de los artículos 37 y 43 constitucional, que tiene sustento en el 115 de la Carta Magna de la federación y en ella se establece las competencias de las legislaturas locales.

Curiosamente en la idea de “despolitizar” la revisión de las cuentas públicas, para “ponerla al día” con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción,  coinciden la mayoría priista y pasista, más uno de los votos de Nueva Alianza, con la postura del gobernador del Estado, quien está convencido de que las cuentas públicas debe revisarlas una entidad del Ejecutivo como es la Auditoria Superior del Estado.

El senador Manuel Cárdenas Fonseca ha puesto los puntos sobre las íes y señala que es una mentira que para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción sea necesario restar competencias revisoras al Congreso del Estado y para ello señala un dato impecable, como viene siendo que las reformas federales en materia anticorrupción no significaron una pérdida para el pleno del Congreso de la Unión.

Esto demuestra la debilidad constitucional de la reforma sinaloense y las grandes posibilidades que se le abren al PAN, Morena y PRD, cuando sus líderes parlamentarios han ofrecido a la ciudadanía que combatirán la iniciativa regresiva a través de una controversia constitucional que habrá de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y si esa controversia constitucional resulta a favor de que se dejen como estaban los artículos 37 y 43, devolviendo competencias al pleno del Congreso del Estado, con ello se deja sin sustento las decisiones legislativas que se hayan tomado bajo ese techo institucional, por lo que podrían ponerse las cosas en el lugar que estaban cuando se decide otorgar amplias competencias a la citada Comisión.

O sea, si el objetivo político sería blindar las cuentas de la administración malovista esto significaría un fracaso, y en ese momento las indagaciones que se están haciendo en distintas instancias de gobierno estatal y federal se fortalecerían, y el llamado pacto de impunidad que muchos ven entre el gobernador y Malova se vendría abajo, pues se tendría que reponer el proceso legislativo.

En ese momento se vería plenamente que la actuación del diputado José Menchaca obedece a una lógica de poder que más para garantizar la lucha contra la corrupción, lo que se pretende es un intercambio de favores. Así, su voto primero en la Comisión y luego en el pleno notoriamente estaba en conflicto de interés y debió excusarse de votar para que sus intereses empresariales no afectaran la imagen del Congreso del Estado, pero eso poco importa cuando se trata de pavimentar una carrera política.

Pero eso es como pedir peras al olmo. Menchaca López está jugando su futuro político y ya se habla de que gracias a su trabajo legislativo le podría redituar beneficios políticos y económicos, siendo candidato tricolor a la alcaldía de Guasave en las elecciones concurrentes de 2018 y porque no, que siga siendo prestador de servicios al gobierno del Estado.

En definitiva, escribo antes de que ocurra la votación del jueves 28, donde es un hecho que la mayoría priista y sus aliados del PAS y Panal arrollarán, pero hay que esperar lo que resulte de una controversia constitucional. Que va.