Los ahorros y la recaudación de Quirino

 

 

 

 

Yo sé cómo reducir el gasto público, sé dónde podemos recortar, me dijo con agudeza el entonces candidato del PRI a gobernador.

Y algo debía saber Quirino Ordaz, quien había sido Secretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Jesús Aguilar.

En ese entonces, solo había sospechas de que el cambio de gobierno significaría finanzas públicas maltrechas y no lo que hoy ya conocemos de esa administración ladrona, de negocios privados, deuda pública y despilfarro.

Y aunque Quirino Ordaz ha dicho que cuando las auditorías terminen fincarán responsabilidades penales contra los funcionarios corruptos, estamos lejos de tener mensajes concretos de que sus palabras se transformarán en hechos que dignifiquen su gobierno.

AMalova y los principales funcionarios de la pasada administración no se les ve preocupados, como sí sucede en otros ex gobiernos estatales que han visto caer en la cárcel a personas que antes se movían con arrogancia en el espacio público y ahora, como dice un compañero de celda del ex gobernador Roberto Borge, “no se les da lavar baños carcelarios, pero ya va aprendiendo”.

Entonces, si llevar a juicio a los malovistas podría significar la recuperación de fortunas que se hicieron bajo el amparo de la función pública,esocada vez se ve más remoto y ante la necesidad de dinero fresco,este gobierno ha optado por una estrategia recaudatoria y de ahorro. Además, no sabemos cuánto se está endeudando y si se está haciendo el pago de intereses de la deuda pública.

Eso explica algunas decisiones que se están tomando en el tercer piso del Palacio de Gobierno, por ejemplo la reducción en el gasto de uniformes escolares y en contrapartida la reactivación del pago de la tenencia de automóviles, con un saldo positivo para las finanzas públicas, y en esa estrategia de ahorro y recaudación aparecen las medidas que buscan reducir el costo de la política.

En los primeros meses del año se consensó en el legislativo la reducción de diputados y regidores, lo que a primera vista significa un ahorro en salarios, bonos y estímulos y ahora van por una reducción del tiempo de campañas electorales y los presupuestos destinados a los tiempos no electorales, lo que significa un ahorro de aproximadamente 30 millones de pesos.

Hasta ahora, como sabemos, el costo de la política electoral se define en función de dos bloques presupuestales: uno igualitario y el otro proporcional al número de votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados.

Es resultado de una correlación de salarios mínimos contra el padrón electoral del estado, lo que ha significado que estos presupuestos sean dinámicos y cada vez mayores.

Desconozco cómo se ha presentado la iniciativa de reforma,pero esperemos que sea mediante la reducción de salarios mínimos y el ajuste del padrón a la lista nominal o mejor, en función del nivel de participación ciudadana en la última elección de diputados. No se justifica que el padrón sea la medida para asignar recursos, pues eso lo define curiosamente la gente que se va a dar de alta al Registro Nacional de Electores, sin que considere por qué no hay comunicación entre este organismo de registro y el Registro Civil, para dar de baja a quienes han perdido sus derechos políticos y quienes han fallecido.

El padrón electoral está lleno de detenidos y muertos en beneficio de los partidos, lo que llama a revisar los presupuestos electorales y redondear la idea de reducir el costo de la política. Si se determina en función de las tasas de participación, eso obligaría a un mayor trabajo de los partidos para convencer a más ciudadanos.

Vamos, si Quirino Ordaz quiere bajar el costo de las elecciones y la representación política, debería revisar el padrón y si quiere tener visibilidad nacional, en medio de tantas malas noticias, establecer un puente institucional entre el Registro Nacional de Electores, el Instituto Estatal Electoral, la Fiscalía General del Estado y el Registro Civil, donde el registro aportaría el padrón del estado, el instituto el nivel de participación electoral, la fiscalía los sinaloenses que tienen suspendidos sus derechos políticos y el registro civil el padrón electoral para informar quiénes están vivos y quienes están muertos.

Esta mezcla de información pública mostraría que realmente se va a fondo, en tanto este gobierno se decide a actuar contra el malovismo corrupto.

Y ahí sí, demostraría que sabe recuperar dinero robado.

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