María Marván Laborde, quien fuera consejera presidenta del  desaparecido Instituto Federal Electoral, manifestó preocupación ante la reforma electoral reciente aprobada  por el Congreso de la Unión: puede convertirse en un retroceso para la consolidación de la democracia mexicana, como un salto al vacío.

Para ella,  al Instituto Nacional Electoral (INE),  se le otorga discrecionalidad, como si a un “árbitro de futbol” se le permitiera decidir si le da una patada en la espinilla a uno de los jugadores. Este tipo de reformas incrementará las tensiones en lugar de disminuirlas y creará incertidumbre.
Otros especialistas en la  materia electoral, como José Woldenberg, manifestaron  estar en contra de la centralización  de las funciones electorales y la eliminación de los 32 consejos (institutos) estatales.
Lo más relevante de la nueva Ley Electoral, a mi entender es lo siguiente:   
1. Reelección legislativa
Se aprobó la reelección de diputados y senadores hasta por 12 años (hasta cuatro periodos para diputados a partir de 2015 y hasta dos para senadores a partir de 2018). Algunos legisladores consideran que el verdadero poder de conceder la reelección primero, dependerá de las cúpulas partidistas antes que del voto ciudadano, porque un legislador sólo podrá aspirar a reelegirse por el mismo partido que lo postuló, a menos que haya renunciado a él antes de cumplir la mitad de su gestión.
2. Reelección para diputados locales y alcaldes
Los congresos locales quedan obligados a legislar para introducir esta figura en sus leyes estatales.
3. Una Fiscalía General, en vez de PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en Fiscalía General a partir de 2018 y tendrá dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. Su titular será nombrado por dos terceras partes del Senado y podrá ser removido por el presidente, con el aval de la mayoría calificada de la Cámara alta.
4. Instituto Nacional Electoral
Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE). El número de consejeros subirá de nueve a once. Se mantendrá el método de selección actual, lo que significa que seguirá eligiéndolos la Cámara de Diputados por mayoría calificada, esto es, dos tercios del pleno. El INE no organizará todas las elecciones, sino que se encargará principalmente de las federales y se coordinará con los órganos estatales para las locales. Podrá organizar contiendas en los estados a petición de una entidad o atraerlas cuando considere que pueda haber inequidad.
 
5. Retirar el control de los institutos electorales estatales de los congresos
Los órganos electorales estatales adquirirán más libertad y su número de consejeros se homologará a siete en todos los casos. Los consejeros serán nombrados por el INE.
6. Nulidad de las elecciones
Se establece la anulación de una elección cuando haya rebase de tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios, siempre y cuando se determine que la falta fue “sistemática” y “determinante” para el resultado, esto es, que entre el primero y segundo lugar haya una diferencia menor al 5 por ciento de los votos.
7. Mantener el registro de un partido político
Aumento del 2 al 3 por ciento el número de votos que un partido deberá obtener para conservar el registro.
8. Reducen el tiempo entre la elección y la toma de protesta
Se adelanta la toma de posesión del presidente del 1 de diciembre al 1 de octubre, a partir del mandatario que resulte electo en 2018. Esto acorta el tiempo entre la celebración de una elección federal (julio) y el tiempo en que el ganador asume el cargo. También se adelanta la instalación del Congreso en años de cambio de gobierno, del 1 de septiembre al 1 de agosto.
9. Paridad entre hombres y mujeres en el Congreso
Las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado deberán ser 50 por ciento para hombres y mujeres por igual.
10. Gobiernos de coalición
Se establece la posibilidad de que el presidente entable un gobierno de coalición, cuyos términos tendrán que ser aprobados por el Congreso. Los términos y el programa de ese gobierno tendrán que ser aprobados por el Senado, que también deberá ratificar a los integrantes del gabinete presidencial, salvo a los secretarios de Defensa y Marina.
11. Ratificación del gabinete
Si no hay gobierno de coalición, la Cámara de Diputados tendrá que ratificar al secretario de Hacienda y el Senado al canciller.
12. Rendición de cuentas en seguridad
El Senado tendrá que ratificar la estrategia nacional de seguridad del presidente y éste tendría que informar anualmente de los resultados.
13. Gastos en publicidad oficial
También se deja para las leyes secundarias regular la publicidad oficial, es decir, los gastos de autoridades de todos los niveles para promocionarse en medios.
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