La denominada “Mesa Compromisos por Sinaloa” está terminando peor que como empezó. Su origen se dio por la necesidad del estado de Sinaloa de realizar una armonización de su legislación con la reforma política electoral de febrero de 2014. Sin embargo, se aprovechó la oportunidad para impulsar otras iniciativas, algunas de ellas de poca monta, cuando este tipo de instancias se crean para impulsar reformas, precisamente como la política electoral, que requieren un consenso más amplio para su aprobación por tratarse de las reglas de acceso al poder. Paradójicamente es una de las reformas relevantes que todavía no ha sido aprobada.
Desde que se formó, el priísmo sinaloense puso sus reglas, lo que se ha notado en los productos de la Mesa. En la iniciativa sobre el actual ministerio público ni siquiera se adoptó a plenitud el contenido de la reforma federal, al exigirse una mayoría calificada para objetar la remoción del nuevo fiscal general y en la de acceso a la información pública se copió un transitorio que, a diferencia de la federal, puede servir como rendija para diferir la renovación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIPES), el órgano garante de este derecho en el estado.
En la reforma político electoral no se incluyeron temas relevantes que no sólo retomaran normas de la federal sino que fueran más allá de la misma, tomando en cuenta el constante rezago del estado en esta materia. Entre esos temas se pueden contar el de la división distrital electoral, a pesar de que la reforma federal dotó al INE de la nueva facultad para determinar la geografía electoral nacional (atribución que aún no ha estrenado) y la concurrencia de las elecciones locales con las federales, en la que solamente se asume el mandato de la reforma federal para realizar al menos una elección local de manera concurrente con los comicios federales. Todo esto en lo que se refiere al ámbito constitucional.
Previamente, la Mesa estuvo a punto de sacar adelante las modificaciones a la ley orgánica de la procuraduría, mejor conocidas como la ley mordaza, que después de un escándalo que trascendió las fronteras del estado y del país, fue derogada. Aunque por extrañas razones la Mesa no la cobijó como iniciativa si la tuvo a su consideración proveniente del gobierno del estado que finalmente la presentaría, pero ya en el congreso si tuvo el respaldo de todos los partidos representados en la Mesa.
Como despedida, se dice que la Mesa feneció desde el 30 de noviembre pasado. A alguno de sus integrantes se le ocurrió la publicación de un desplegado de respaldo al Presidente de la República ante la grave crisis de derechos humanos derivada del caso Ayotzinapa y otras masacres que se fueron acumulando durante el presente y el anterior sexenio gubernamental federal. Por varios motivos no le correspondía a una instancia estatal diversa esa función, pero como siempre se trató de una instancia que reflejaba el control absoluto del gobierno del estado sobre la pluralidad completa de las expresiones políticas locales, éste se volvió a aprovechar de la ocasión con lo que prácticamente decretó su final. La publicación terminaría sirviendo sólo para evidenciar algunas pequeñas fisuras en el control político oficial que, a su vez, también se manifiestan en algunos partidos.
No se puede afirmar todavía que Sinaloa ha regresado a la situación previa al remedo de alternancia en el Gobierno del Estado con una auténtica pluralidad de diversas opiniones y alternativas políticas. Sin embargo, la disolución del nefasto “Pacto por México”, la crisis del “peñanietismo” y de los “chuchos” en el PRD, así como el fracaso de las alternancias derivadas de gobiernos pan-perredistas y las movilizaciones populares, están presionando para una vuelta a la pluralidad y a la lucha política en Sinaloa.
