Existe una estrecha relación entre el grado de corrupción y los niveles de inversión y crecimiento de un país. El Banco Mundial estimó que la corrupción reduce la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentual al año. Asimismo, las investigaciones del Fondo Monetario Internacional estiman que la inversión en los países corruptos es casi un 5 por ciento menos que en los países relativamente con mínima corrupción.
Transparencia Internacional (TI) publicó el índice de percepción de la corrupción 2012, el cual ubica a México en la posición 105 (de 176 países calificados).
Recientemente el Congreso de la Unión ha aprobado la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, la cual no es suficiente, pero algo es algo.
En el ámbito regional, México ocupa la posición 22 entre los 31 países americanos evaluados. De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEEP), la corrupción cuesta alrededor de 1.5 miles de millones de pesos al año. En promedio, las empresas destinan el diez por ciento de sus ingresos a sobornos y “comisiones” para poder operar.
Tenemos que cambiar la vida pública, privada y social de nuestro país que vive en una profunda corrupción. Las instituciones se encuentran capturadas por los poderes fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves delitos en contra de las mayorías. Debemos luchar contra toda forma de corrupción, de utilización del poder público para el enriquecimiento personal y de grupo, contra el tráfico de influencias y el manejo de recursos públicos para beneficio de unos cuantos. Trabajar para hacer realidad un verdadero sentido del servicio público, eliminar el dispendio de recursos públicos, de salarios excesivos y derroche de la alta burocracia. El dispendio del gobierno ofende al pueblo.
La ausencia de un régimen democrático y la impunidad hacen que se multiplique la corrupción. El ejercicio del poder debe ser democrático, transparente y que rinda cuentas a la sociedad. Que los gobiernos, sindicatos, partidos, organizaciones empresariales, iglesias, medios de comunicación electrónica y grandes empresas transparenten el origen y manejo de sus recursos y rindan cuentas a la sociedad.
En la actual Cámara de Diputados federal se discute crear un Sistema Nacional Anti Corrupción. Se pide la creación del Tribunal Federal de Cuentas y una Fiscalía Anticorrupción; Que se fortalezcan la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación; que se aprueben dos leyes nacionales, una anticorrupción y otra de fiscalización; y que se refuerce la actual Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En el Congreso del Estado de Sinaloa, los diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Cuenta y Administración, Óscar Javier Valdez López, Ramón Barajas López, Héctor Melesio Cuen Ojeda y José Manuel Osuna Lizárraga; de Salud y Asistencia Social, Luis Fernando Sandoval Morales, María de la Luz Ramírez Rodríguez, Héctor Melesio Cuen y Flor Esther Gastélum Vértiz; y de la comisión de Planeación, Francisco Solano Urías, María Lorena Pérez Oliva y Renata Cota Álvarez, ya han firmado el dictamen que autoriza al endeudamiento para la construcción de los hospitales en Culiacán y Mazatlán.
La primera lectura al dictamen se dio el pasado día jueves15 de enero, falta la segunda. Felices deben estar el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero y Olegario Vázquez Raña, principales beneficiarios de estos contratos de ser avalados por el Congreso del Estado de Sinaloa.
El Congreso estaría autorizando al Estado para que a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de la Administración y Finanzas, afecte hasta el 25 por ciento del derecho y los ingresos que le correspondan del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Así cualquiera es empresario exitoso, decía una cartulina en el Congreso del Estado de Sinaloa: “Hacer negocio privado con dinero público”.
Por lo pronto, el PRI y su “Gobernador del Cambio”, Mario López Valdez, han decidido, suspender la aprobación de la construcción de los hospitales, dado que el PAN mete reversa y deja sólo al PRI.
El PRI no quiere pagar los costos electorales que implicaría aprobar los costosos hospitales en plena campaña electoral. Es mero cálculo, no es que hayan entendido que no es bueno comprometer las finanzas estatales. Se preparan para aprobarlos después de la campaña electoral federal.
Todo parece que el actual gobernador del Estado de Sinaloa, Mario López Valdez, será recordado no como el mejor gobernador de Sinaloa, pero sí como el que más endeudó a los sinaloenses.
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