Cristo Rey

 

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CRISTO REY. Violencia pública.

 
 
 
 
 
Cristo Rey es una comunidad agrícola-pesquera ubicada al sur de Escuinapa, donde la  semana pasada ocurrió uno más de los asesinatos que tienen el sello de la impunidad y no pasaría de ser una nota roja cotidiana, de no haber sido por alguien que grabó los sucesos en los que policías huyen, seguramente ante un aviso de alerta de la llegada de sicarios al lugar donde ellos se encontraban, y todavía más, el periodista gráfico de ocasión logra registrar el sonido de los tres balazos que acabaron con la vida de un joven, ante el llanto, desesperación e impotencia de sus familiares.
El video fue subido a redes sociales y portales de noticias de adentro y fuera del país. Yo lo vi en el diario español El País. La reflexión inmediata es sobre lo poderosas que son las redes sociales, pues cualquiera con un simple celular puede registrar en tiempo real un acontecimiento rutinario en una noticia que atrae inmediatamente el interés mundial, al transformarlo para bien o para mal, en una suerte de refrendo del perfil de un país, de un estado, de una comunidad olvidada.
Más, no solo eso, recuerda elementos para el análisis de un estado singular que este año renovará los poderes públicos y donde el tema de la violencia es crucial para cualquier proyecto de gobierno, pues si no se logra controlar las otras variables podrían estar, como hasta ahora, sujetas a una gran inestabilidad por este tipo de humores públicos.
En Sinaloa, es un secreto a voces que desde hace varios sexenios, se elimina a los delincuentes que son peligrosos o reincidentes. Si esto es más que un secreto a voces hay una violencia tolerada que impacta en su nivel de impunidad que rebasa el 90 por ciento. Es más, de estar ocurriendo esta práctica totalmente ilegal, estaríamos ante la negación del Estado de Derecho que pauta la idea de que cualquiera es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Pero, como lo comentó en Facebook hace unos días Maximiliano Ruiz, uno de los morenistas más conocidos de Mazatlán, que después de sufrir un abuso de autoridad le explicaba a un agente de tránsito sus derechos constitucionales, aquél le habría respondido: a la Constitución me la paso por los güevos.  Una respuesta que da cuenta del nivel de los responsables de la seguridad pública. Que sienten que ellos son la personificación de la ley.
Claro, en el caso motivo de este artículo, la agresión también podría venir de los grupos criminales que practican la limpieza de su competencia o lo peor, la combinación de ambos, que no sería de extrañar como sucedió o sucede en Guerrero o Michoacán.
La connivencia de los agentes de ambos mundos es frecuente y  obedece a la misma lógica de intereses. Sin embargo, independientemente de donde provenga esta violencia cotidiana, indica un doble problema: por un lado los grupos del crimen organizado y por otro las “soluciones” draconianas ante el problema creciente de la inseguridad pública.
Quizá, por eso, lo sucedido en Cristo Rey es la expresión de una realidad ubicua que lo mismo sucede en Sinaloa que en cualquier otra parte del territorio nacional, solo que en la mayoría de los casos no está quien tenga un teléfono celular y esté dispuesto a grabar la escena con sus personajes y actuaciones. Lo que es un insumo para la impunidad  y un estímulo para que se siga repitiendo hasta llegar a parecer como normal y necesario.
Recordemos que alguna vez Alejandro Higuera, el panista tres veces alcalde de Mazatlán, afirmó que para combatir la violencia se necesitaba “alguien igual de cabrón que los criminales”, y esta expresión significa que una autoridad electa simpatiza de estos métodos y todo estaría permitido incluido hacer justicia sin jueces, sin tribunales. Esta idea luego se la escuché a empresarios, pero también al hombre o mujer de a pie, que teme le quiten con golpe o una amenaza el sustento diario de su familia. Y, aguas, eso incuba una mente fascista.
Más aun, tampoco es cierta la eficacia de esta limpieza en Sinaloa. La estadística de homicidios dolosos ha ido en aumento como también las desapariciones forzadas, entonces, estamos ante dos fracasos: el de la ley y el de los pistoleros, que recorren el estado buscando a quien supuestamente altera la paz pública, distribuye droga sin permiso o forma parte de otro bando.
La pregunta entonces será si el futuro gobierno necesitará de este sui generis mecanismo de limpieza de la criminalidad, o si podrá reestablecer la legalidad, que es el único mecanismo de defensa que tenemos todos.
Para que no haya más historias como las de Cristo Rey.

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