Ya lo dijo la diputada perredista Imelda Castro, solo veo interés en Compromisos por Sinaloa en “impulsar cambios político electorales… lo que no veo es claridad en la voluntad política del Gobierno del Estado, que es quien convocó, para que hagamos una verdadera reforma económica y de las finanzas públicas”.
Quizá lo único que le faltó agregar es que se trata de una iniciativa que busca posicionar a Gerardo Vargas, secretario general de Gobierno, quien tiene aspiraciones a suceder a Malova, y una plataforma política como la que han creado el Ejecutivo y los dirigentes de los ocho partidos con representación en el Congreso del Estado, le da una proyección como a ningún otro miembro de la administración pública estatal y deja a los dirigentes como un grupo de bienintencionados.
Entonces estamos ante un caso donde lo que importa, no es tanto el contenido de la iniciativa, sino los efectos que pudieran tener para el aspirante, hoy en funciones de gobierno.
Y es que miremos de cerca: hablar de una Reforma del Estado siempre será cosa mayor, implica poner en la mesa a todos los actores políticos, económicos y sociales y todos los temas que son sensibles. Esto implica un esfuerzo que debió haberse hecho en el primer año de esta administración y no ahora, que estamos en el cuarto año de una gestión que empieza la cuenta regresiva y con ello llega el tiempo de los aspirantes a suceder a Mario López Valdez.
Ya hemos leído, cómo, quienes apoyan las ambiciones políticas de David López, han llegado a las delegaciones federales, donde están combinando el trabajo administrativo con el político; también está la declaración de Daniel Amador que aspira a la candidatura del PRI y Heriberto Galindo, quien aunque bajó su activismo luego de aquella desafortunada declaración contra los empresarios que exhibieron a los diputados que votaron a favor de la reforma fiscal, no deja que su corazón lo mueva el marcapasos 2016. Y por supuesto, Jesús Vizcarra, quien silencioso, se sabe que es de los cercanos del presidente Enrique Peña Nieto.
Así que el tándem Malova-Millán-Vargas está jugando sus propias cartas en esta fase preparatoria. Lo saben difícil, pero también que en política es un error parar y mucho más cuando se tiene el poder en las manos. Lo peor que pudiera ocurrirle es ser solo la referencia —que es mucho— más importante en el estado y con quien haya que negociar para sacar adelante la siguiente elección de gobernador sin las complicaciones de 2010.
En esta lógica es comprensible entonces que en los Compromisos por Sinaloa se privilegie lo político, antes que lo económico o lo social. Que por lo demás no es muy auténtico, pues la mayoría de las “reformas” que podrían derivar de este ejercicio de gobierno e interpartidista, son realmente adecuaciones constitucionales y reglamentarias; no existe por ningún lado lo que realmente debiera interesar, ya no digamos a la sociedad sinaloense, sino a los partidos que compiten por los votos en un piso disparejo.
Y es la pifia que hace inexplicable la unanimidad de apoyos a la iniciativa del gobierno del estado. Malova cuando andaba en campaña teniendo como coordinador a Gerardo Vargas, recogió banderas del PAN y el PRD, entre ellas la redistritación, que es un pieza de museo de los despropósitos de la inequidad, pues Sinaloa es el único estado donde el principio geográfico demográfico establecido en el 115 constitucional no se cumple.
